Un artículo publicado en La Opinión el 9 de abril de 1948 advertía sobre la pérdida masiva del monte nativo en San Luis. En aquel entonces, más de 1,5 millones de hectáreas ya habían sido devastadas por la tala indiscriminada. El texto reclamaba una ley de protección forestal y alertaba sobre la desaparición de una de las principales fuentes de riqueza provincial.
El 9 de abril de 1948, el diario La Opinión de San Luis publicó un extenso informe, cuya copia compartió con El Semiárido el historiador Santiago Rovera, que hoy, más de siete décadas después, suena premonitorio. Bajo el título “Destrucción de los Bosques de San Luis”, el artículo denunciaba el avance imparable de la tala en una provincia que por entonces contaba con unas 2.500.000 hectáreas de montes naturales. Según las estimaciones de aquel informe, más de 1.500.000 hectáreas ya habían sido destruidas por la acción de taladores furtivos y explotaciones sin control.
El texto comenzaba con un tono de indignación: “Manos irresponsables han talado más de la mitad de los bosques de San Luis”, señalaba el periódico, que hacía un repaso por la riqueza natural del monte puntano. En esas extensiones áridas pero fértiles crecían especies características del ecosistema chaqueño y del espinal: retamo, algarrobo, espinillo, quebracho blanco, chañar, caldén, tala, piquillín, jarilla, tintitaco, alpataco, molle y brea, entre muchas otras. Todas ellas, según el artículo, eran víctimas de una tala indiscriminada que no respetaba ni siquiera las especies leñosas más valiosas.
La nota recordaba que, tras 1943, el gobierno provincial había intentado frenar la devastación mediante la reglamentación de la Ley N° 1835, destinada a la protección de las “unidades forestales”. No obstante, el medio señalaba que aquella norma solo había sido efectiva en los terrenos del Estado, mientras que los bosques de propiedad privada quedaban expuestos a la explotación clandestina.
“El resultado —advertía La Opinión— fue el agravamiento de una práctica destructiva que eliminó las posibilidades de organizar explotaciones racionales, necesarias para la producción de carbón vegetal en condiciones de excelente aprovechamiento”.
A mediados del siglo XX, el carbón vegetal era un recurso estratégico para la industria y los hogares. La pérdida de los montes implicaba, por tanto, no solo un daño ambiental sino también una merma económica considerable para la provincia. “San Luis —decía el diario— posee en la explotación racional de sus bosques una verdadera fuente de riqueza, tan importante como la minería o la ganadería”.
El artículo también reflejaba una preocupación institucional. Las autoridades locales, según el texto, esperaban que el plan quinquenal del gobierno nacional contemplara una legislación forestal que sirviera de marco para una defensa integral del recurso. Pero mientras tanto, el diario instaba a tomar medidas urgentes a nivel provincial, elaborando leyes propias y promoviendo programas de reforestación que evitaran el colapso total del ecosistema.
Con una mirada sorprendentemente moderna para la época, el informe subrayaba la necesidad de planificar la replantación de especies nativas con criterio técnico, de modo que no compitieran con los cultivos agrícolas ni alteraran el equilibrio de las zonas productivas. Además, proponía clasificar las especies según su valor económico y ecológico, para distinguir las que debían priorizarse en las explotaciones legales y las que requerían protección estricta.
“El paso más urgente —se leía en el texto original— es salvar las especies que no han sido devastadas, evitando que la acción destructora avance sobre lo que todavía puede rescatarse”. Y advertía: “La demora en dictar una ley moderna de bosques podría significar la pérdida definitiva de una riqueza que tardará décadas en regenerarse”.
El reclamo de La Opinión se inscribía en un contexto nacional donde comenzaban a discutirse las políticas ambientales del primer peronismo, enfocadas en la planificación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Sin embargo, el texto ponía el foco en la urgencia puntana, señalando que la deforestación había superado todos los límites y que la acción furtiva estaba transformando el paisaje de manera irreversible.
Más de setenta años después, aquel artículo de 1948 conserva una vigencia inquietante. La provincia de San Luis, que aún lucha por equilibrar su desarrollo con la conservación de los ecosistemas del monte, había sido ya advertida en los diarios de su tiempo:
“Mientras no se contenga la tala furtiva y no se legisle con sentido moderno, la riqueza forestal puntana continuará desapareciendo”, concluía La Opinión, en una advertencia que el presente confirma con crudeza.
