Después de años de irregularidades, incumplimientos contractuales y maniobras judiciales, la provincia de San Luis logró recuperar la posesión de un campo de casi 2.000 hectáreas ubicado en el kilómetro 144 de la Ruta Provincial N°27, en el departamento Dupuy. El predio, conocido como “El Caburé”, había sido adjudicado en 2009 a un emprendimiento privado que nunca cumplió con las obligaciones pactadas, y cuya ocupación derivó en una causa penal por usurpación.
La restitución del inmueble fue ordenada por el Juzgado de Garantía de la Primera Circunscripción Judicial, que este miércoles imputó por el delito de usurpación por abuso de confianza al abogado Alejandro René Viano y al empresario Alejandro Marcelo Ingaramo. Ambos están acusados de haberse instalado en el campo sin título legítimo, luego de colocar un candado en el ingreso durante una constatación judicial realizada en diciembre pasado. Según la investigación, también ingresaron animales al establecimiento y permanecieron allí sin autorización del propietario legítimo: el Gobierno de San Luis.
El fiscal interviniente, José Olguín, en conjunto con la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, impulsó la medida de lanzamiento —es decir, el desalojo— y la restitución del predio a favor del Estado provincial. La medida fue acompañada por una fuerte presencia policial y supervisada por autoridades judiciales y funcionarios del Ejecutivo, quienes garantizaron la protección del patrimonio público y notificaron a los ocupantes.
“Esta acción reafirma el derecho del Estado a ejercer la posesión de un bien que es de todos los sanluiseños. No vamos a permitir que oportunistas se enriquezcan con tierras públicas”, señaló Ricardo Bazla, titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión. También advirtió que cualquier intento de reingreso ilegal será sancionado con detención inmediata y prosecución penal por usurpación.
El origen del conflicto se remonta a 2009, cuando el predio fue adjudicado a la firma El Caburé SA, presidida por Daniel Lucero, como parte del proyecto agropecuario “Pioneros del Siglo XXI”. La empresa se comprometió a pagar el terreno en 48 cuotas y a desarrollar un ambicioso centro de transferencia embrionaria equina. Sin embargo, apenas se abonaron cinco cuotas y, a partir de allí, se registraron múltiples incumplimientos contractuales y nulas inversiones.
A pesar de que en 2017 se iniciaron acciones legales para revertir la adjudicación, y de que en 2022 se agotaron las instancias judiciales a favor del Estado, la anterior gestión provincial no avanzó con el desalojo de los ocupantes. “Se dejaron pasar años en los que los responsables explotaron el campo en beneficio propio, criando caballos y sembrando maíz, incluso tercerizando actividades, sin pagar ni cumplir con lo acordado”, denunció la Agencia de Noticias del Gobierno.
El juez interviniente ordenó la restitución del inmueble en un plazo de quince días hábiles, con intervención de un oficial de justicia y previa notificación a las partes, según lo establece el artículo 211 del Código Procesal Penal de la provincia. La resolución se basó exclusivamente en el episodio del 26 de diciembre pasado, sin perjuicio de otras causas civiles en trámite.
En paralelo, el Gobierno informó que el campo será cedido al Ministerio de Desarrollo Productivo, que evalúa su incorporación a nuevos programas provinciales, entre ellos, la iniciativa Sol Puntano. El objetivo es que las tierras vuelvan a tener un uso productivo genuino, transparente y en beneficio de toda la comunidad.
El proyecto original de El Caburé preveía una inversión de 7 millones de pesos, con una producción inicial de 300 embriones equinos y un plantel de 900 yeguas. Incluso se estimaba la radicación completa de la empresa en San Luis, trasladando su infraestructura desde La Pampa y Buenos Aires. En ese momento, los impulsores del emprendimiento destacaban la “seguridad jurídica” y las “condiciones ideales” de la provincia.
Hoy, tras el cierre del centro embrionario durante la pandemia y el abandono del proyecto, las autoridades provinciales avanzan en revertir una situación que califican como ejemplo de corrupción pasiva y falta de control. “Este campo vuelve a ser de los sanluiseños. Vamos a garantizar que se utilice para el desarrollo real, no para negocios personales disfrazados de inversión”, concluyó Bazla.
