No hubo fuerza política. La caída del gobierno en poder y credibilidad echó por tierra con la pretensión de sectores del poder económico de forzar la publicación de un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley de Semillas, vigente desde 1973.
Los intereses en disputa son muy fuertes. Mientras las multinacionales de los agronegocios pugnan por obtener regalías al principio y al final de la comercialización, del otro lado están las organizaciones defensoras de los derechos nacionales que obturan esa posibilidad y, en cambio, reivindican las variedades generadas en nuestro país.
Para este jueves a las 13.45 habían sido convocadas las empresas y entidades del sector para el anuncio de la modificación de la ley. El encuentro estaba pautado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Mauricio Macri había contemplado la posibilidad de un decreto sobre el tema luego de que en el Congreso no se avanzó en el tratamiento de una nueva ley. Quería irse habiendo cumplido con ese compromiso asumido ante las empresas semilleras.
El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas despuntaba en el país, con menos de 400.000 hectáreas (hoy, la superficie ronda los 18 millones de hectáreas, según las campañas).
En ese dictamen se limita el uso propio (el derecho contemplado en la ley de 1973 por la cual un productor se puede guardar parte de la cosecha de trigo o soja para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultores familiares y productores que no superen un nivel de $4,8 millones de facturación.
En un país con el nivel de inflación que tiene Argentina es previsible el efecto de licuación que tiene incluir valores absolutos en un instrumento legal.
Además, estableció que por cinco años las empresas debían contemplar en la bolsa de semillas el valor que pretendían cobrar en concepto de regalías por la tecnología incorporada.
Pese al dictamen conseguido en el Congreso, el Gobierno nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en la agenda de sesiones. El peronismo no prestó los votos necesarios para el quórum. El oficialismo tenía 109 voluntades.
El decreto del presidente Mauricio Macri iba a tomar como base el dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación, señaló una alta fuente de Casa de Gobierno
Sin embargo, según trascendió, en el decreto no se iban a incluir algunos aspectos que estaban en el dictamen que molestaron a sectores del ruralismo y a empresas. Entre otros, en el dictamen se contemplaba una desgravación de Ganancias en la compra de semillas. En tanto, al sector industrial le habría molestado que se incluyera una prohibición para los controles privados.
Hoy la venta de semillas fiscalizadas de soja, sin contar los acuerdos de regalías entre las empresas y los productores, ronda el 20% de la superficie de siembra, un porcentaje que en el sector consideran bajo.
El resto del mercado se divide entre el uso propio amparado en la misma ley de semillas y el circuito ilegal.
En valor, el mercado de semillas de soja ronda los US$200 millones, pero en la industria creen que, si se formalizara todo, podría ascender a unos US$1000 millones.
El de las semillas ha sido un tema complicado para el Gobierno. Apenas asumió, en diciembre de 2015, tuvo que afrontar un conflicto con la multinacional Monsanto y convencer a la empresa, hoy controlada por la alemana Bayer, de que desistiera de hacer controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos.
Con una resolución para prohibir cualquier control privado no autorizado y ordenar que pasaran por la órbita del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Gobierno logró bajar la tensión con la compañía, que no obstante retiró del proceso de aprobación, ante la falta de un nuevo marco regulatorio por semillas, una soja que mejora el control de malezas.
