Mientras en el Congreso Nacional avanza un proyecto de ley que fija distancias mínimas de aplicación de fitosanitarios de apenas 10 metros para aplicaciones terrestres y 45 para aéreas, en San Luis sigue vigente la polémica norma que prohíbe aplicar a menos de 1.500 metros de cualquier población. Un récord absoluto de exageración regulatoria que, paradójicamente, no se sostiene en evidencia científica, pero sí en la inquebrantable negativa de la Secretaría de Ambiente provincial a revisar la cuestión.
El proyecto, presentado por los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), fue elaborado junto con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) —que reúne a más de 80 instituciones del sector privado, académico y social— y acompañado por una veintena de legisladores de diferentes bloques. Según explicaron sus impulsores, busca llenar el vacío normativo nacional con criterios basados en evidencia científica y en estándares internacionales.
“Queremos un marco común que aporte previsibilidad, transparencia y confianza, tanto para la ciudadanía como para los actores productivos”, señalaron. Entre los puntos centrales se destacan:
- la exigencia de receta profesional obligatoria,
- la capacitación periódica de aplicadores,
- el uso de equipos habilitados y controlados,
- programas de monitoreo ambiental y epidemiológico,
- y distancias de resguardo diferenciadas según el tipo de aplicación y la cercanía a poblaciones, cursos de agua o áreas protegidas.
Nada demasiado escandaloso: 10 metros con equipos terrestres y 45 en aplicaciones aéreas, siempre bajo condiciones meteorológicas adecuadas.
La comparación resulta inevitable. Mientras a nivel nacional se propone un marco “moderno, equilibrado y basado en la ciencia”, en San Luis se mantiene la insólita veda de 1.500 metros, que condena amplias franjas de tierra productiva a la inactividad. Y todo, bajo el argumento de “proteger la salud y el ambiente”, aunque nunca se presentó un estudio técnico que lo justifique.
La ironía se profundiza con la actitud de la Secretaría de Ambiente de San Luis, que hasta ahora ha preferido blindarse en un silencio hermético antes que habilitar una revisión de la norma. Puertas cerradas, respuestas esquivas y cero apertura al debate científico: ese parece ser el único consenso firme de la cartera provincial.
La Red BPA lo resumió con claridad: Argentina carece de una ley nacional, lo que genera “incertidumbre, regulaciones locales dispares y desconfianza social”. El proyecto busca justamente uniformar criterios y dar garantías a las comunidades rurales y urbanas.
El problema es que mientras en el país se habla de armonización, evidencia y trazabilidad, en San Luis la norma provincial mantiene un aislamiento regulatorio que contrasta con todo lo discutido en foros académicos y técnicos. Un aislamiento que se parece más a un dogma que a una política pública basada en ciencia.
En definitiva, el Congreso debate cómo ordenar y dar previsibilidad a la producción agropecuaria argentina con criterios de seguridad modernos, mientras San Luis sigue mirando el campo… pero desde una distancia prudencial de 1.500 metros.
