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El SENASA prohíbe el uso de ractopamina en cerdos y unifica las reglas para toda la cadena animal

El SENASA unifica el criterio para todas las especies y elimina la excepción del uso de ractopamina en cerdos, en línea con las necesidades de cámaras y federaciones del sector porcino.

Con el fin de mejorar el acceso a mercados internacionales y armonizar los criterios de control sanitario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) restringió en toda la cadena animal el uso y comercialización de productos veterinarios indicados como promotores de crecimiento que contengan en su formulación sustancias de acción beta agonista o con acción tirostática.

La medida, establecida por la Resolución SENASA N.° 956/2026 y publicada hoy en el Boletín Oficial, abroga la Resolución N.° 148/2006 de la ex-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y establece un régimen único para toda la cadena animal, que deja sin efecto la excepción que permitía el uso de ractopamina exclusivamente en cerdos.

Esta decisión alinea la política sanitaria argentina con la de numerosos mercados de alto valor comercial, donde el uso de promotores de crecimiento está prohibido o no autorizado, y se adecúa al marco normativo que ya regía para el resto de las especies. De este modo, se evitan asimetrías regulatorias y la necesidad de diferenciar líneas de producción con y sin ractopamina.

Cabe destacar que la iniciativa fue impulsada por las principales entidades del sector —entre ellas, la Federación Porcina Argentina (FPA), la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina (CAEGP), la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (CAICHA), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA)— y apunta a potenciar la capacidad exportadora de la Argentina.

Esta actualización normativa aporta tres grandes ventajas: resguarda el acceso a los mercados, al simplificar la logística y eliminar el riesgo por desvíos de uso; agrega valor a la carne porcina argentina, al posicionarla en un segmento premium frente a un consumidor que demanda procesos de crianza más naturales; y brinda seguridad jurídica y sanitaria, al eliminar las «zonas grises» para los productores y para los servicios oficiales de los países compradores.

Así, se facilitan las tareas de fiscalización y control oficial, y se consolida a la carne argentina como un producto libre de promotores del crecimiento, con una garantía de calidad e inocuidad que la diferencia en el mundo.