En un clima cargado de expectativas, reproches y reclamos reiterados, se desarrolló en la sede de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) de Villa Mercedes la Mesa Sectorial de Ganadería, Agricultura y Agroindustria convocada por el gobernador Claudio Poggi.
Aunque la versión oficial habló de “diálogo público-privado” y de una nutrida participación de más de 200 productores, puertas adentro el tono fue marcadamente crítico por parte de la mayoría de las entidades ruralistas, que volvieron a poner sobre la mesa un reclamo histórico que, según señalaron, ya no admite dilaciones, como la urgente rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos.
Por las entidades del campo participaron Arnaldo Aymale por el Valle del Conlara; Nico Novaresio por la Sociedad Rural del Rosario; Daniel Casella por la Sociedad Rural Río Quinto; Sandro Blangero por la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract; y Cristian Quevedo, presidente de la Rural de Unión, entre otros referentes.
El planteo fue claro y directo. Los productores insistieron en que la presión tributaria provincial, especialmente el impuesto a los Ingresos Brutos, impacta de lleno en la competitividad del sector agropecuario, en un contexto nacional ya de por sí complejo. Argumentaron que cada punto porcentual que se aplica sobre la actividad productiva termina trasladándose a menores márgenes, menor inversión y menor capacidad de generar empleo en el interior.
No se trató de un reclamo aislado ni novedoso. Fue, según describieron varios asistentes, “lo mismo que se viene planteando desde hace años”. Sin embargo, la sensación dominante tras el encuentro fue que nuevamente no hubo definiciones concretas. “Se habla, se escucha, pero no hay acciones”, resumió uno de los presentes con evidente fastidio.
El impuesto inmobiliario rural no fue eje de discusión en esta oportunidad, pero sí lo fue Ingresos Brutos, cuya reducción, según sostienen las entidades, sería una señal política contundente hacia un sector que aporta divisas, empleo y arraigo territorial.
Además del tema impositivo, la seguridad rural volvió a ocupar un lugar central. Los productores reiteraron la preocupación por hechos delictivos en zonas productivas y reclamaron mayor presencia policial y respuestas más ágiles. Si bien desde el Ejecutivo se destacó la “lucha frontal contra la inseguridad y el narcotráfico”, los ruralistas insistieron en que el problema persiste y afecta la decisión de invertir.
Otro punto neurálgico fue el estado de los caminos rurales, especialmente en los departamentos Pedernera y Dupuy. En plena salida de cosecha de girasol, que ya comenzó en varios establecimientos, los productores solicitaron mantenimiento urgente de las rutas provinciales de tierra.
El pedido fue concreto, que Vialidad provincial intervenga antes de que se conformen los consorcios de mantenimiento previstos en el proyecto oficial. “Los caminos no pueden esperar a que se armen estructuras administrativas; la cosecha está saliendo ahora”, advirtieron.
Para el sector, la logística es tan determinante como el clima. Un camino intransitable puede significar pérdidas económicas inmediatas, retrasos en la comercialización y sobrecostos que erosionan la rentabilidad.
En contraste con el tono crítico generalizado, la presidenta de la Sociedad Rural de San Luis, Yeny Yurchag, fue la única dirigente que no manifestó una postura confrontativa. Su intervención fue percibida por varios pares como carente de contenido gremial y excesivamente alineada con el discurso oficial, lo que generó cuestionamientos internos.
El malestar no fue menor. Algunos referentes consideraron que el rol institucional de las entidades rurales exige firmeza en la defensa de los intereses del productor, especialmente en materia tributaria. La cercanía política, sostuvieron, no puede diluir los reclamos históricos del sector.
Desde el Gobierno provincial, la crónica difundida por la Agencia de Noticias presentó el encuentro como un espacio de articulación estratégica. Se destacó que fue la cuarta mesa sectorial impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, luego de reuniones con sectores de Industria, Logística, Comercio Exterior, Energías Renovables, Minería y Empresas de Base Tecnológica.
El gobernador Poggi expuso los cuatro ejes de gestión: institucionalidad y planes estratégicos; infraestructura; innovación y formación para el trabajo; y fomento directo al sector privado con financiamiento. Subrayó además la centralidad de la educación como política de Estado y repasó iniciativas como el Plan Maestro del Agua 2025-2035, el Plan Maestro de Energía 2025-2035, la ampliación de la Red de Estaciones Meteorológicas y las líneas de crédito gestionadas a través del Consejo Federal de Inversiones.
Sin embargo, en la versión oficial no se consignaron los reclamos específicos vinculados a la rebaja de Ingresos Brutos ni las críticas planteadas por los representantes ruralistas. Tampoco se reflejó el tono de urgencia que imprimieron los productores respecto al mantenimiento inmediato de los caminos rurales.
Para muchos asistentes, la jornada dejó una sensación ambivalente. Por un lado, valoraron la instancia de diálogo y la posibilidad de exponer las problemáticas directamente ante el Gobernador. Por otro, la percepción fue que las mesas sectoriales corren el riesgo de transformarse en espacios meramente declarativos si no derivan en medidas concretas.
“Ya no alcanza con escuchar. El sector necesita señales claras”, deslizó un dirigente al finalizar la reunión. La reducción de Ingresos Brutos aparece como la prueba de fuego, un gesto tangible que demostraría voluntad real de aliviar la carga sobre la producción.
Mientras tanto, la cosecha avanza, los caminos esperan mantenimiento y los números del productor siguen ajustados. En ese escenario, el campo puntano volvió a hablar con firmeza. Ahora, la expectativa está puesta en si el Gobierno responderá con hechos o si el reclamo volverá a repetirse en la próxima mesa sectorial.
