En una nueva vuelta de tuerca en el denominado caso Vicentin, El Banco Nación se presentó como querellante en la causa penal. Además, decidió que mientras avanzan la investigación judicial y el sumario abierto por este tema, queden separados de su cargo cuatro directivos que participaron en el otorgamiento de los préstamos. Pedido de investigación de bancos internacionales porque se sienten estafados. Lo hacen a través de tribunales de EEUU.
Este martes el Banco Nación se presentó como querellante en la causa penal a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita por supuestos delitos cometidos en el otorgamiento de préstamos a la empresa Vicentin.
La presentación se hizo a través de un escrito presentado por los letrados del Banco vía correo electrónico bajo el pedido del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, y del resto del Directorio del Banco.
«El objetivo de la presentación es que el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio y conocer las responsabilidades de las autoridades que formaron parte de este posible delito», indicaron fuentes del Nación.
Además, el Nación decidió que, mientras avanzan la investigación judicial y el sumario abierto por este tema, queden separados de su cargo cuatro directivos que participaron en el otorgamiento de los préstamos a la empresa agroexportadora.
Se trata del gerente general, Juan José Fragati; la gerenta de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda; el subgerente general de Banca Corporativa, Martín González; y el gerente de Legales, Carlos Lo Turco.
La causa Vicentin
En febrero de este año, el Nación abrió un sumario interno para investigar la participación de una veintena de empleados del banco que participaron, con mayor o menor grado de responsabilidad, del otorgamiento de créditos por unos $ 18.500 millones a la empresa Vicentin.
La decisión del banco había sido que, hasta tanto no se comprobara fehacientemente la culpabilidad de los directivos en la comisión de una violación de los estatutos internos, nadie sería removido de su cargo.
Sin embargo, el avance del gobierno nacional en la intervención de la empresa y de la causa civil que se tramita en Santa Fe por el concurso de acreedores por una deuda de USD1.350 millones con el Nación, otros bancos y productores agrícolas, aceleró el pedido de licencia de cuatro directivos.
El primer dictamen de la causa, emitido en febrero por el fiscal Pollicita, incluyó la imputación del presidente de Vicentín, Gustavo Nardelli, de Alberto Padoan, otro ejecutivo de la agroexportadora, y del ex titular del Banco Nación Javier González Fraga.
La causa se inició a finales de enero de este año, cuando el abogado y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, denunció a González Fraga y a otros ex funcionarios por el delito de defraudación por los préstamos otorgados a Vicentin, en base a un informe elaborado por uno de los actuales directores del Banco, Claudio Lozano.
En ese documento, Lozano analizó el estado de la empresa durante los últimos años y el proceso de endeudamiento con el Nación que, aseguró, «superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa» y que, sin embargo, obtuvo una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para readecuarse.
Asimismo, destacó que la información disponible no justifica la crisis financiera de Vicentín -que señala como principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri con $13.500.000-, y que el incumplimiento de la empresa comenzó «casi en simultaneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri».
Qué pasa con Vicentin
Vicentin enfrenta un concurso de acreedores en la justicia de Santa Fe por $99.345,2 millones, de los cuales el 64% ($ 63.962 millones) está en manos de 37 bancos y el 30% ($25.657 millones), de 1.895 productores de granos.
Un reciente informe -también elaborado por Lozano-, advirtió que el 5,5% de esa deuda ($ 5.428 millones) corresponde a «sociedades» que, en realidad, son empresas vinculadas con Vicentín: Vicentín Paraguay, $4.079 millones; Renova, $1.346,4 millones; y Diferol, $ 2,7 millones.
«A la vez, hay 98 personas que, en tanto, accionistas, le reclaman a Vicentín $351 millones. Los accionistas más significativos que le reclaman a la empresa más de $ 10 millones cada uno son Olga Vicentín de Rodríguez, Pedro Vicentín y Sergio Nardelli», subrayó el informe.
Bancos Internacionales
Un pool de bancos internacionales que reclama una deuda de $33.137 millones a la empresa Vicentin, logró que la justicia de Estados Unidos autorice un proceso de descubrimiento (discovery) de activos relacionados con la firma agroexportadora, ante el impago que enfrentan y a la búsqueda de recabar detalles sobre los movimientos financieros de la firma.
Este proceso, que se desarrolla en los tribunales de Nueva York, es independiente del concurso preventivo que se tramita en la Justicia santafesina por acreencias que ascienden a $99.345 millones, que corresponden a la deuda verificada hasta el momento por 2.368 acreedores de Vicentin SAIC, de acuerdo a fuentes judiciales locales.
El discovery, como se denomina al proceso de análisis de detección de activos, fue ordenado por el juez Alvin Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 14 de febrero pasado, cuatro días después de que la firma pidiera a la Justicia entrar al proceso de quiebra, con una deuda calculada en US$ 1.350 millones.
El juez Hellerstein, al aceptar el recurso, solicitó a bancos e instituciones financieras la información sobre transferencias electrónicas internacionales, ordenadas y recibidas por Vicentin, sus subsidiarias, afiliadas y sus accionistas individuales en los últimos 3 años.
La orden judicial, a la que tuvo acceso Télam, ocurrió antes de la decisión oficial de intervenir y expropiar la firma, y apenas unos días después de que la compañía, con eje de operaciones en la provincia de Santa Fe, solicitara el concurso preventivo de acreedores.
El proceso de revisión de activos que involucra a personas y movimientos bancarios relacionados con Vicentin fue solicitado a la justicia neoyorquina por un pool de bancos acreedores internacionales, que se reunieron en un comité y decidieron reclamar ante la Justicia frente los problemas declarados de la firma.
Hoy, el análisis de la información recibida está en proceso y será la base de las futuras medias que soliciten los acreedores, explicaron las fuentes vinculadas a ese proceso externo que enfrenta la compañía cerealera, intervenida por el gobierno argentino.
Dentro de ese comité está el Banco Mundial, con su Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de la entidad encargado de prestar al sector privado, y el Nederlandse Financierins FMO, un banco de fomento holandés.
Además, con menos exposición, también se suman a este consorcio ING Bank, Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole.
De acuerdo con la información que consta en la demanda, las acreencias en el caso del CFI alcanzan los US$ 273 millones (incluyendo unn crédito del Cerdit Agricole), del FMO los US$ 150 millones; del ING los US$ 78 millones; del Rabobank los US$ 24 millones, del Natixis los US$ 10 millones.
Dichos bancos internacionales son dueños de una deuda que en conjunto ronda los 33.137 millones de pesos, según la información oportunamente provista por la firma al magistrado estadounidense.
De esta manera, el Banco Nación es el primer acreedor individual de Vicentin con 18.182 millones de pesos, mientras que el CFI del Banco Mundial sería el segundo más importante, con una deuda exigible de 16.504 millones de pesos.
Los voceros explicaron que las políticas internas del Comité Ad Hoc requieren un claro entendimiento de la situación financiera de su cliente y de las acciones que lo llevaron a la actual situación de estrés.
En ese sentido, al no tener una explicación clara por parte del management de Vicentin, en febrero de 2020, los miembros iniciaron una acción de discovery en la corte del distrito de Nueva York.
Con respecto a las presentanciones realizadas en la justicia local, los acreedores que hasta ahora verificaron sus créditos con la empresa agroindustrial quedaron divididos en seis categorías: accionistas; compra de bienes y servicios; compra de granos; deuda financiera; deudas impositivas y aduaneras y sociedades.
El titular del juzgado en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, decidió extender el plazo para verificación de créditos hasta el 25 de agosto próximo, ante las dificultades impuestas a los acreedores para trasladarse por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.
Además, el magistrado estableció el 13 de noviembre como fecha límite para la presentación de los informes individuales; el 16 de marzo de 2021 para el informe general de la sindicatura y establecer el vencimiento del período de exclusividad el día 3 del año que viene.
Entre las impositivas se encuentran la Administración Federal de Impuestos (AFIP) que le reclama a Vicentin SAIC $97.833.101; y la Administración Nacional de Aduanas que, por medio de cuatro legajos, verificó más de 1.200 millones de pesos de acreencias, según el legajo Clave Única de Identificación Judicial (CUIJ) 21-25023953-7 caratulado «Vicentin S.A.I.C. s/ Concurso Preventivo».
