«Lamentablemente, no se logró acordar ninguna de las condiciones exigidas. Hemos decidido dejar aquí la negociación. Es un capítulo cerrado», señaló el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, al describir la situación en que quedó la frustrada negociación con los directivos de Vicentin, en las que se buscaba acordar la formación de un fideicomiso para ponerlo a cargo de la administración de la firma concursada.
Para poner en marcha esta opción, las dos condiciones que solicitaron al Juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, fue separar al directorio de la agroexportadora del proceso de negociación y que el Estado pueda recibir la administración de las acciones de la empresa.
Por su parte, fuentes de la cerealera señalaron a este medio que existe la voluntad de avanzar en una solución, pero no en las condiciones que solicitó el gobierno de Santa Fe. En este punto, señalaron que de avanzar en ese sentido, el “fideicomiso sería una expropiación encubierta”. Mientras transcurría la reunión, la justicia federal ordenó un procedimiento con el objetivo de recabar información contable sobre Vicentin.
«Nos retiramos de la mediación», reconocieron desde el oficialismo santafesino y a partir de este momento, el gobernador Perotti esperará la resolución del Juez Lorenzini sobre la propuesta presentada por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, que contempla la remoción del directorio de Vicentin. Además de esta cuestión, el otro punto de quiebre en las negociaciones fue el destino de las acciones de la empresa.
Tal como expresó el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, «es imprescindible que el Estado pueda recibir la administración de la empresa y contar con las acciones». Desde la empresa contemplaron la posibilidad de un cambio de directorio, pero con la condición de tener injerencia en la elección de las nuevas autoridades.
Con este nuevo escenario, la posibilidad de constituir un fideicomiso quedó casi descartada y tanto desde la agroexportadora santafesina como la gobernación de Santa Fe, estarán pendientes de la resolución de Lorenzini, que podría llegar en un plazo de 15 a 20 días, según estimaron ambas partes.
Allanamiento programado
La Justicia federal realizó este jueves un procedimiento en la sede central de la empresa Vicentin, en Reconquista (Santa Fe), en busca de información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.
La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita, y tiene por objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales.
La investigación que se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.
En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.
En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina -entre ellos su ex presidente Javier González Fraga- incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.
Se los acusa de haber otorgado «irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».
La investigación también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.
Fuentes: Ambito – Página 12 – BAE Negocios
