El director provincial de Minería, Juan Fernández, firmó una resolución que establece la incompatibilidad para acceder a la concesión de derechos mineros a peritos, gestores y constructores ambientales.
También los obliga a firmar una declaración jurada si son poseedores de derechos mineros y a su vez a firmar un convenio de confidencialidad con el dueño de a cantera.
“Es un hecho de relevancia y destacado a la luz de lo que plantea el Plan Maestro de Minería de evitar acciones especulativas, un tema planteado insistentemente por los productores”, dijo el ministro de Industria, Federico Trombotto, cuando la semana pasada presentó esta medida que aporta a la seguridad jurídica y que fue un pedido expreso de los pequeños mineros de San Luis.
Alejandro Cañadas, asesor geológico de la Fundación Emprender, dijo en ese acto que los derechos mineros deben ser para trabajar y no para especular: “La resolución establece esta incompatibilidad porque justamente los peritos, consultores y constructores manejan información que es muy delicada para el negocio del minero; es política de estado que el negocio del productor minero sea un negocio eficiente, para lo cual es beneficioso establecer un sistema de incompatibilidades”.
Por ejemplo, los peritos que saben cuándo se producen los vencimientos y dónde están ubicados los yacimientos, no pueden tener acceso a derechos mineros concedidos por la autoridad, en este caso la Dirección Provincial de Minería.
La resolución contiene otros puntos, como la declaración jurada exigida a los peritos respecto a la titularidad de derechos mineros que posean y otra declaración jurada de confidencialidad, algo muy común en la industria minera de mayor escala.
En cuestiones de protección ambiental, el Ministerio de Industria también dio curso al generalizado reclamo de los mineros por la demora en los trámites exigidos por el gobierno para autorizar explotaciones. Para ello firmaron una resolución conjunta entre la Dirección de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente para dar mayor agilidad a la tramitación de permisos ambientales.
En esta misma resolución se incluyó a los pequeños mineros, para que sus informes sean más sencillos y que puedan incorporar la capacitación ambiental-minera como una forma de poder cumplir con la normativa.
También se estableció un régimen de áridos, un producto muy importante para la economía provincial y que se vincula con otras industrias, que tiene nuevos procedimientos relacionados con la seguridad jurídica, con mayor participación de los municipios, ya que si la extracción está dentro de su ejido también deberá otorgar permisos, además de las normas exigidas por San Luis Agua.
