La complejidad que trajo la aparición del nuevo caso de COVID-19 contraído por una persona oriunda de Tilisarao puso en vilo a toda la sociedad sanluiseña desde el sábado por la noche. El problema central relatado por las autoridades del gobierno en la conferencia de prensa estuvo centrado en que no se puede establecer la trazabilidad de su recorrido. Dicho en lenguaje sencillo, los lugares por donde anduvo.
Lo cierto es que la información que dispone el gobierno remite a que esta persona ha traspasado los límites de la provincia hacia San Juan, sin la autorización respectiva, y que ha ingresado nuevamente (no se sabe por dónde). Una vez dentro de San Luis, por la naturaleza de su actividad comercial, anduvo por diferentes localidades, lo cual complejiza aún más poder determinar dónde y con quién tuvo contacto en ese lapso y en esos lugares.
La información sobre el posible recorrido del nuevo contagiado por coronavirus fue proporcionada en la conferencia especial del sábado a la noche por Luciano Anastasi, coordinador del Ministerio de Seguridad, Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de San Luis.
Dada esta situación, desde el Comité de Crisis y el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá, determinaron que la provincia entera volviera a la «fase uno» de la cuarentena, es decir, al aislamiento social preventivo y obligatorio, al menos por el término de siete días hasta que se pueda establecer la trazabilidad de la persona.
Ahora bien, en lo concerniente a los pasos interprovinciales hubo varias referencias en la conferencia del sábado. La jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, dijo que los ingresos y egresos de la provincia seguirían como hasta la actualidad, con ocho puestos habilitados y cumplimiento estricto del protocolo vigente. Los otros protocolos cesaron en su aplicación.
Por su parte, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, con lenguaje gestual de mucha molestia durante la conferencia, manifestó que el gobierno tiene la información de que hay «puestos limítrofes clandestinos sobre los cuales la policía de la provincia va a trabajar; existen y nos están haciendo daño», afirmó.
En el mismo sentido dijo que se iba a revisar el protocolo de transporte interno y solicitó ayuda a los camioneros.
«A los hermanos de Traslasierra, Córdoba, les decimos que somos solidarios y a su disposición para ayudar. Les pedimos que comprendan que el cierre de fronteras con Córdoba tiene que ser estricto. Ahora nosotros hemos retrocedido también en el estatus sanitario», dijo Alberto Rodríguez Saá.
También hizo mención al acuerdo de «El Caldén», que se había firmado con La Pampa para la libre circulación entre ambas provincias, dado que San Luis «ahora ha retrocedido» y se suspende su aplicación.
Después de las palabras de los integrantes del comité de crisis y del gobernador, el juzgado penal de Concarán autorizó a difundir el nombre y la fotografía de la persona que padece COVID-19, con el fin de que aquéllas personas de la provincia que hayan tenido contacto con él se hagan el examen respectivo para saber si fueron o no fueron contagiados.
Previamente, alguien ya sabía el nombre y disponía de la foto, lo cual generó un verdadero «linchamiento» a través de las redes sociales. Los mensajes agresivos y violentos en su contra, hacen pensar que lo han dejado demasiado expuesto a cualquier acción violenta.
En las redes se abrió el debate sobre qué era peor. Si la acción del enfermo de COVID que salió sin permiso de la provincia, volvió a ingresar y recorrió pueblos y ciudades sin ningún tipo de cuidado; o los mensajes violentos en su contra… Fotografía de los tiempos de pandemia.
Producción: El Semiárido
