Los productores viñateros agrupados en el sector de Economías Regionales de CAME reclaman políticas diferenciales y el armado de una Agencia Nacional de Vitivinicultura que tenga la “capacidad y responsabilidad de laudar un precio justo de referencia” y en la que estén representados, equitativamente, los intereses de todos los eslabones de la cadena de valor.
Al acercarse la época de la vendimia, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elaboró un informe de situación respecto de la actividad vitícola, en la cual refleja una gran asimetría entre el pequeño productor y las empresas bodegueras.
Entre los puntos más salientes expresa que los productores vitivinícolas atraviesan una situación de “quebranto generalizado”, proporcionan cifras estadísticas, reclaman la ley de Góndolas y mayor participación del Estado en la regulación de la actividad.
El comunicado completo expresa lo siguiente:
Desde hace años, el sector vitivinícola sufre un proceso de concentración que atenta contra la producción primaria. El mercado se reparte en pocas manos y los pequeños y medianos productores no sólo no tienen rentabilidad, sino que además no llegan a cubrir sus costos con lo que perciben por la venta de sus uvas.
A días de comenzar la Vendimia, las entidades de productores vitivinícolas pymes adheridas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de las provincias de Salta, La Rioja, Mendoza y San Juan, aseguran estar atravesando una situación de “quebranto generalizado”, sufriendo abusos en la formación de precios y hasta en la forma de pago.
La vitivinicultura, una de las economías regionales más antiguas del país, desempeña un rol socioeconómico fundamental en el tramo central y norte de la franja andina argentina. La cadena mueve más de 100 mil trabajadores en forma directa (dato de 2016) y alrededor de todo el complejo se relacionan y articulan un sinfín de actividades.
El 80% de la producción se vende en el mercado interno, donde el consumo cayó 15 litros per cápita en los últimos 15 años; a lo que se suma el aumento de costos, principalmente de fletes, energía, mano de obra e insumos dolarizados. Es a partir del elevado porcentaje que se destina a consumo interno, donde la “Ley de Góndolas”, apoyada por CAME, aparece como un instrumento clave para las pymes, además del consumidor, porque con el espacio en la góndola se busca evitar las prácticas abusivas. Dicha ley ya obtuvo media sanción en Diputados y se espera por su aprobación en el Senado. CAME considera que se trata de una medida reparadora que busca fomentar la competencia y generar oportunidades para los eslabones más débiles de la cadena de comercialización, como es el caso del pequeño productor.
En relación al 20% restante, destinado al mercado externo, las exportaciones han disminuido en el último tiempo, presentado una caída interanual del 5,4% en 2019.
El panorama es complejo y el diseño de políticas públicas, consensuadas con el sector privado, que impulsen el desarrollo equitativo de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, debería ser una prioridad para hoy, no para mañana. El Censo Nacional Agropecuario 2018 demostró la gravedad de la situación con claridad: la existencia de un 25,5% menos de productores agropecuarios que en 2002.
El desplazamiento del productor, primer eslabón de la cadena, viene en ascenso. La ecuación es sencilla: sin productores no hay uva, sin uva no hay industria, y sin industria no hay “Bebida Nacional”. Tras consultar a los productores viñateros nucleados en el sector de Economías Regionales de CAME, quienes reclaman políticas diferenciales según ubicación y tamaño de la empresa, surge la necesidad de contar con una Agencia Nacional de Vitivinicultura que tenga la capacidad y responsabilidad de laudar un precio justo de referencia y en la que estén representados, equitativamente, los intereses de todos los eslabones de la cadena de valor, lo que posibilitaría el diseño de políticas públicas en beneficio de todos, dejando de lado los intereses particulares que, tarde o temprano, llevan a la conformación de oligopolios.
En la actualidad, frente a una cadena de comercialización en la que falta transparencia, el productor trabaja a pérdida. Si bien los gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja han anunciado y realizan aportes para el sector, los cuales son valorados, la dura situación macroeconómica repercute directamente en la actividad.
Según testimonios de viñateros nucleados en CAME, en Salta la uva no tiene precio de referencia y, de venderla, lo hacen muy por debajo de los costos. En La Rioja, los precios también son irrisorios para el productor, el que percibe entre $3 y $3,50 por kg. San Juan, por su parte, sí posee un precio mínimo fijado por el gobierno provincial de $6,50 el kg. y, si bien el importe no llega a cubrir los costos, esperan que este vaya aumentando. Por último, en Mendoza están pagando precios iguales o más bajos que en 2017, a pesar de la creciente inflación, percibiendo entre $7 y $8 por kg. A modo de ejemplo, en el Valle de Uco los productores requieren $300 mil para trabajar una hectárea, de la que obtienen 100 quintales. Es decir, alcanzan los $80 mil por hectárea (si venden a $8), faltándole aún $220 mil sólo para cubrir los costos.
En base a un estudio reciente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con respecto a la estimación de costos para la producción de vid en el Oasis Este de Mendoza, para una finca de 10 hectáreas con un empleado permanente, cuya actividad principal es la venta de uva, los costos totales de producción son de $18,87 para varietales en espaldero y de $10,79 para básicas en parral. Si el precio por kg. está por debajo del valor del costo operativo más gastos de estructura (que para el caso analizado sería de $12,60 y $7,44, respectivamente), implicaría una pérdida de dinero para el productor, “lo que pone en riesgo la continuidad de la actividad” y empeora y acelera el proceso de abandono de las fincas.
Ante esta situación, los productores exigen un precio justo para la uva, así como también una revisión de las formas de pago ya que, mientras la cosecha es en los meses de febrero/marzo, los pagos posdatados son a partir de junio, en entre 8 y 12 cuotas sin interés.
“Para asegurar el normal desempeño de la actividad, el diseño de nuevos mecanismos de comercialización que aseguren transparencia y tengan una nueva impronta es una necesidad, no un capricho. Es imperioso realizar una reconversión comercial que se extienda también al sector frutihortícola, ya que la forma en la que se ha estado trabajando hasta el momento no le ha dado resultado al sector primario”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de CAME. La consigna “Ni un viñatero menos”, debería transformarse en una política de Estado.
Fuente: Came
