Integrantes de la Sociedad Rural de Río Cuarto y de Vicuña Mackenna, productores agropecuarios, el Consorcio Caminero de Achiras y el Centro de Transportistas de esa localidad le piden a la Justicia Federal que intervenga en el conflicto con San Luis por el cierre de fronteras mediante la presentación de un recurso de amparo que ingresó en el mediodía de este lunes.
La situación viene en escalada desde hace ya varios meses ante la disposición del gobierno puntano de restringir el ingreso de productores cordobeses a sus campos mediante el necesario cumplimiento de una rigurosa cuarentena, como así también las mismas exigencias para los transportistas.
Tras agotar las instancias de diálogo y no encontrar respuestas de las autoridades puntanas, hoy las entidades antes mencionadas acudieron a los Tribunales Federales con sede en Río Cuarto para hacer la presentación formal del recurso de amparo general.
Lo confirmó el abogado Javier Quiroga -quien a la vez es presidente del Consorcio Caminero 158 de Achiras- luego de una reunión con el abogado constitucionalista Antonio María Hernández, quienes encabezan la acción judicial.
La obstrucción del paso en la zona de Achiras y Punilla, por ruta provincial N° 30, y en Chaján y Vizcacheras, por ruta nacional N° 8, genera el reclamo de ambos lados de la frontera interprovincial.
El objetivo es que intervenga la Justicia y procure destrabar este conflicto que comenzó primero con algunos bloqueos de caminos rurales y luego se fue agudizando con el transcurrir de la cuarentena.
La semana pasada en El Semiárido publicamos declaraciones de Javier Quiroga Contreras, presidente del Consorcio Caminero 158 de Achiras, provincia de Córdoba, quien afirmó que en la reunión mantenida con autoridades del gobierno de San Luis por los problemas en el paso fronterizo de La Punilla, «nos encontramos con una pared» y reclamó a los gobiernos provinciales «arreglar este problema, con un mínimo de sensatez».
Precisamente, Quiroga Contreras es uno de los letrados que presentó el amparo judicial ante la Justicia Federal contra la provincia de San Luis.
Las declaraciones fueron realizadas, después de haber mantenido una reunión con un funcionario de tercer nivel del gobierno. Quiroga afirmó que «nos encontramos con una pared. No hubo posibilidad alguna de negociar, no tuvimos respuesta a nuestras peticiones».
Habló que desde el gobierno se plantea un protocolo vigente que es «muy duro y no se cuestiona su efectividad», pero que debiera tener en cuenta la realidad de la zona porque «hay muchos factores involucrados».
En esa oportunidad dijo que el fin no es tomar medidas de fuerza, aunque no las descartó. Pero afirmó que necesitan «ser escuchados y que los gobiernos se pongan a diseñar una estrategia para facilitar las actividades en los límites de ambas provincias».
Fuente: Puntal – Foto: Twitter Sociedad Rural Río Cuarto
