El director de Emergencias y Desastres Agropecuarios de la Nación, Gabriel Scarelandi, pidió al gobierno provincial que adhiera a la ley 26509 para poder acceder a los beneficios que otorga este instrumento legal. Además informó que el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca firmará un convenio con la Federación de Organizaciones de la Agricultura familiar por dos millones de pesos para los productores afectados por la inundación del 1° de marzo en San Luis.
El funcionario ofreció una conferencia de prensa realizada en la sede de la Secretaría de Agricultura Familiar en San Luis, tras haber efectuado una recorrida y diálogo con los afectados por el temporal.
Sonia Delarco, diputada provincial del Frente para la Victoria y el delegado nacional de la Fonaf, Geardo Mesa, coincidieron con Scarelandi en pedir que el gobierno provincial adhiera a la ley nacional de emergencia agropecuaria.
El norte de la provincia de San Luis fue afectado por intensas lluvias precipitadas a comienzos de marzo, que afectaron fuertemente tres localidades, Luján, Leandro Alem y Quines, además de producir cuantiosos daños a los productores agropecuarios, tanto en cultivos y animales, cuanto en la infraestructura de los campos. También fueron afectados los caminos rurales, diques, canales de riego y defensas de los ríos.
De la conferencia, además de Scarelandi, participaron la delegada provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Anabela Paulizzi; la diputada provincial del Frente para la Victoria Sonia Delarco, la delegada provincial de RENATEA, Verónica Veglia y el delegado nacional de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Gerardo Mesa.
Scalerandi dijo que había llegado a la provincia por una decisión de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Agricultura Carlos Casamiquela que tienen la misión de “estar en cada lugar donde se produzca un problema y cuidar a aquéllos que más lo necesitan”.
Afirmó que resulta fundamental llegar con las herramientas disponibles, pero que para que ello sea posible es necesario en muchos casos el apoyo de los gobiernos provinciales y municipales. En ese sentido fue claro y contundente: “Insto al gobierno provincial para que adhiera a la ley de emergencia agropecuaria para que San Luis pueda recibir el apoyo concreto del Estado Nacional.”
Aclaró que es la única provincia que no ha adherido a la ley promulgada en el 2009. Es una herramienta que tiene un fondo de 500 millones de pesos disponibles para mitigar situaciones como la ocurrida en San Luis, como así también para trabajar en la prevención y atención de los problemas que se susciten.
Ilustró algunos aspectos que contiene la ley como es el caso de diferimientos impositivos, congelamiento de cualquier tipo de ejecución fiscal, acceso a crédito por banco Nación con tasa bonificada para productores en desastre o productores en emergencia, como así también el fondo de emergencia.
Si el gobierno provincial firmara la adhesión a la ley también podrían avanzar en convenios de cooperación para arreglo de caminos rurales, obras de infraestructura, arreglo de las vías de riego, etc.
Respondió a una pregunta que el gobierno de San Luis no hizo consulta alguna al Estado Nacional sobre las cuestiones de las inundaciones y añadió que tampoco forma parte del Consejo Federal Agropecuario. Para adherir a la ley 26509 no hay traba alguna. Con la adhesión y la declaración de la emergencia San Luis podría disponer de varias ayudas de la Nación que en este momento no es posible recibirla, ratificó el funcionario.
Ante la situación actual planteada, comunicó que en los próximos días el ministro de Agricultura, Gandería y Pesca, Carlos Casamiquela, firmará con la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura familiar (FONAF) una ayuda especial de dos millones de pesos que será complementada con otros convenios, destinados para la provincia de San Luis.
La FONAF integra junto a otras entidades del agro argentino la comisión nacional de emergencia agropecuaria.
Mesa dijo que los productores necesitan que la asistencia llegue rápido, pero que después de 45 días de haber ocurrido el desastre de las inundaciones no llega la ayuda del gobierno provincial, más allá del auxilio de los primeros momentos.
Coincidió con Scarelandi en solicitar que el gobierno de San Luis adhiera a la ley de emergencia nacional y que declare la emergencia agropecuaria en la provincia.
Les dijo a los periodistas presentes que si quieren visitar el territorio “estamos dispuestos a recibirlos. Queremos que se sepa que en San Luis pasó algo, que no hay que olvidar, que hay gente damnificada, que hay gente que vive en salones comunitarios y no pueden volver a sus viviendas, que hay evacuados, que hay productores que perdieron todo y que no tienen asistencia alguna del gobierno provincial”.
Agradeció el apoyo recibido por diferentes organizaciones del Estado Nacional, como es el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).
Veglia señaló que se hizo un trabajo en conjunto con otros organismos para un relevamiento de los problemas ocasionados por las lluvias. Desde Renatea se da una respuesta a casi trescientos trabajadores, mediante el otorgamiento de un seguro de desempleo por el lapso de seis meses. El beneficio llega a los 800 pesos mensuales.
A su turno, la diputada provincial del espacio Más san Luis Sonia Delarco exigió al gobierno de la provincia que declare la emergencia económica en la provincia para que pueda hacer uso de los fondos y beneficios del Estado Nacional destinados a las situaciones de desastre.
Dijo que el gobierno provincial “debe hacer frente cuanto antes a la crisis que sufren los habitantes de nuestra provincia” y reflexionó que debiera haber dado una respuesta más contundente.
