En abril de este año organizaciones campesinas y de la agricultura familiar realizaron en el microestadio de Ferro el primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, en el que participaron más de 4000 pequeños productores de todo el país. De dicho encuentro nació un extenso documento, donde las organizaciones elaboraron líneas de acción para el sector productivo, entre las que se destacan programas de acceso a la tierra, al crédito productivo y a la promoción de la agroecología, entre otros puntos.
Revista InterNos conversó con Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), para conocer cuál es la posición de las organizaciones campesinas respecto a las políticas que debe afrontar el próximo gobierno, cambie o no el signo político.
Muchas organizaciones campesinas se han mostrado fuertemente opositoras al gobierno de Mauricio Macri. Más allá de quien gane en octubre, ¿qué debería pasar con el sector de la Agricultura Familiar?
Nosotros consideramos que un marco para pensar las propuestas del sector es el Programa Agrario y Soberano. Pudimos consensuar un documento de 21 propuestas sobre cuál sería para nosotros el programa básico, elemental para el campo argentino. Hay líneas más estructurales que tienen que ver con el acceso a la tierra o el avance en torno a la declaración de los Derechos Campesinos aprobada meses atrás en Naciones Unidas. Después existen propuestas más sectoriales, según la actividad productiva, pero todas tienen un eje transversal que es la activa participación del Estado hacia un horizonte de planificación. La política macrista ha sido destructiva para la agricultura familiar.
¿Por qué denuncian que la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar no se está cumpliendo?
Era una tarea de este gobierno que la misma sea reglamentada. No sólo no se reglamentó sino que se desarticuló toda la política institucional para el sector, incluyendo la Secretaría de Agricultura Familiar. Se desnaturalizó el rol que tenía. Además, también fueron desmanteladas las dependencias que se habían conformado en el INTA, el INTI y Senasa para trabajar en este sentido.
Una de las cosas que cuestionan es que con la importación de ciertos productos el gobierno perjudicó a los pequeños agricultores, en un contexto de tarifas altas y devaluación. ¿Cuáles son ese tipo de productos y que consecuencias tuvo para el sector?
Hay muchos ejemplos. Nosotros en Mendoza teníamos una estructura armada de curtido de cuero caprino, que se pagaba a muy buen precio al productor en el campo. El ingreso de un sintético chino mucho más barato y similar, aunque no de la misma calidad, sumado a la importación de zapatos, hizo caer la demanda de cuero. Con esta situación y los tarifazos, la curtiembre cerró. Además, acá tuvimos muchísima importación de productos procesados de tomate. También importación de vino de Chile, que hizo que caiga por el piso el precio de la uva. Y así se pueden enumerar muchos productos alimenticios o derivados que han golpeado la economía de la agricultura familiar.
La UTT, el MTE y otras organizaciones agrarias han participado activamente de “Frutazos”, “Verdurazos” e incluso de un reciente “Alimentazo”. Estas acciones, ¿han tenido repercusión en la gestión política o sólo se logró instalar la temática a nivel social?
Han permitido instalar en la sociedad una situación que estaba invisibilizada, incluso en los programas de la oposición. Pero también en algunos municipios se ha logrado avanzar con experiencias concretas vinculadas a nuestras propuestas, como la elaboración de bioinsumos o el facilitamiento del acceso a la tierra. Eso nos pone en otro lugar en caso de que exista un gobierno nacional que tenga la vocación de pensar la producción agropecuaria teniendo en cuenta al sector.
Una de sus propuestas más fuertes es avanzar hacia la transición agroecológica.
En Argentina y en el mundo se ha instalado la necesidad de reflexionar en torno al flagelo de la malnutrición y la necesidad de incorporar más frutas y verduras en las dietas. En ese sentido, también está claro el problema de los agroquímicos. Nosotros pensamos que el Estado debe acompañarnos en este camino hacia la transición agroecológica. Con experiencias concretas hemos demostrado que no es un proceso utópico. Se puede ser agroecológico y productivo, incluso reduciendo costos.
También demandan la creación de comercialización “más cortas”. ¿Cómo consideran que pueden lograrse? ¿Buscan trabajar con organismos como Senasa para eso?
Hay una muy buena experiencia en Chile con las ferias agropecuarias en todos los municipios, donde los Estados articulan con los productores para que dos o tres veces por semana puedan llevar su producción directamente a la feria, con control del Estado pero con precios de estructura bien accesibles. Creemos que es una política rápida y fácil que se puede aplicar. También pedimos por el fortalecimiento de las redes de consumo alternativo, por ejemplo. Veníamos trabajando con la Comisión de Agricultura Familiar del Senasa (SENAF) donde se venía planteando la posibilidad de modificar el Código Alimentario Argentino (CAA) para poder tener políticas diferenciadas para la agricultura familiar en torno a la comercialización. Todo eso está hoy muy deteriorado.
Fuene: Revista InterNos
