La entidad considera que, al no aprobarse el último presupuesto, ya no tiene sustento legal su cobro; el año pasado representaron para el Estado un ingreso de 861.093 millones de pesos.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a otras entidades del campo en el interior, como la Rural de Jesús María, presentó en la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación al sector.
La entidad ruralista considera que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.
En una conferencia de prensa donde la entidad anunció la presentación de la estrategia judicial, Nicolás Pino, presidente, dijo: “A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”.
“Nos pareció prudente presentar una acción de amparo que fue presentada en los tribunales federales de Córdoba porque convenimos con la Sociedad Rural de Jesús María y la SRA de poner en valor el federalismo”, agregó.
Según precisó, la presentación se hizo este mediodía. “Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale”, agregó. En los últimos días trascendió que la entidad estaba dialogando con diversas entidades del interior para impulsar la iniciativa.
Además de Pino, por la SRA en la conferencia estuvieron Marcos Pereda, vicepresidente; Carlos Odriozola, secretario, y Carlos Laplacette, asesor legal. En tanto, por la Rural de Jesús María asistieron Álvaro Gómez Pizarro, vocal, y Eduardo Riera, vicepresidente.
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre último, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año. En la Rural insisten que no tiene sustento legal al no haberse tratado la ley de presupuesto 2022 que incluía la prórroga por dos años de dicha facultad.
Vale recordar que, a fin de 2019, por la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de poner un tope de 33% de retenciones en la soja. Apenas asumió, Alberto Fernández incrementó las retenciones en ese grano de 24,7 a 30%. Después las subió al 33% actual.
Fuente: Pilar Vazquez, La Nación.
