A pocas horas de realizarse la primera protesta del campo a la gestión de Alberto Rodríguez Saá contra la nueva ley de agroquímicos y la presión fiscal, la Sociedad Rural Río V emitió un extenso comunicado donde detalla cada una de las que considera fallas técnica graves contenidas en esa legislación, sancionada por ambas cámara en tiempo record y sin discusión alguna.
La entidad, que es una de las convocantes al camionetazo de mañana frente a la casa de gobierno, advirtió que esta ley con las nuevas distancias mínimas permitidas para fumigar traerá conflictos entre vecinos, entre otros inconvenientes: “Se ignora abiertamente la capacidad del Ingeniero Agrónomo para determinar las condiciones de aplicación”
El comunicado difundido este mediodía, die textualmente lo siguiente:
“Ante las afirmaciones del SR Ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, publicadas en el medio www.elsemiarido.com, haciendo responsable al Presidente de nuestra institución de opiniones o comunicados que circulan en redes sociales, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Rio V informa:
- La Sociedad Rural Rio V emite opinión pública a través de comunicados de prensa con el membrete de la institución.
- Es falso que el Sr. Presidente Cavadore o cualquier otro integrante de la Sociedad Rural Rio V “haya reclamado por la aplicación de la ley sobre los aplicadores que no están cumpliendo con las normas”.
- Respecto de la Ley de Distancias Mínimas, resulta una obviedad, que se trata de una decisión política. El Sr. Ministro debiera saber que: TODAS LAS DECISIONES QUE TOMA UN GOBIERNO SON DECISIONES POLÍTICAS. Lo que aquí se discute es la decisión política tomada de manera inconsulta y sin fundamento científico, sobre un tema muy sensible para la sociedad en su conjunto. Se reclama que las decisiones políticas deben ser evaluadas previamente consultando a todos los sectores involucrados; pero sobre todo, a los especialistas. Esa es la diferencia entre una decisión política responsable y una irresponsable.
- El Sr. Ministro, con el pretexto de la “decisión política”, trata de justificar una Ley que tiene errores conceptuales que van a provocar conflictos innecesarios entre vecinos y sobre todo va a perjudicar a los pequeños productores.
- El Sr. Ministro insiste en negarse a escuchar a los especialistas y ensaya como justificación: “No hay consenso de la comunidad científica respecto a las distancias”, sin embargo en ningún momento justifica por qué una exclusión de 1500 metros y no 500 o 3000 metros, por ejemplo. Si se hubiera informado previamente consultando a la COPROSAVE, se habría enterado que SÍ hay consenso científico respecto de distancias de aplicación segura. Y sobre todo, no hay ninguna duda que la distancia de aplicación es variable de acuerdo a dos factores: el tipo de aplicación (terrestre o aérea) y el grado de toxicidad del producto a utilizar (a mayor riego toxicológico, mayor distancia de aplicación). Estos dos criterios no solo se basan en estudios científicos sino que son una cuestión de sentido común (no es lo mismo aplicar un producto con un pulverizador de arrastre, cuya distancia de aplicación al suelo es de 50 centímetros, que hacerlo con un avión, que por una cuestión de peso lleva el producto químico más concentrado y encima lo aplica a 5 metros de altura, como mínimo).
Respecto del grado de toxicidad, obviamente no es lo mismo aplicar un producto Clase I (Producto Sumamente Peligroso) que uno Clase IV (Productos que normalmente no ofrecen peligro). Prueba de ello es el documento Pautas sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Areas Periurbanas, publicado en 2015 por el Ministerio de Agricultura de la Nación consensuado junto con INTA, SENASA, UBA, CPIA, FADIA, COMISIÓN FEDERAL FITOSANITARIA, CASAFE, entre otras, y que le enviamos oportunamente. Hubo consenso además en la COPROSAVE, donde se redactó un proyecto reglamentario de la ley de agroquímicos que incluía restricciones inclusive mayores a las de la cuestionada ley de distancias mínimas (exclusión de 2000 metros para productos clase I y II aplicados con avión).
- El Sr. Ministro ha tomado la “decisión política” de determinar que da lo mismo una aplicación aérea o terrestre y que da lo mismo aplicar cualquier producto independientemente de su grado de toxicidad.
- El Sr. Ministro ha sido indiferente a las renuncias de los representantes de la UNSL, SENASA, INTA y Sociedades Rurales ante la COPROSAVE. ¿Aun así piensa que ha hecho las cosas bien?
- Nos preguntamos: ¿Es posible mantener un diálogo de buena fe cuando un Ministro decide deliberadamente ocultar un proyecto de ley, para no someterlo a discusión, con el pretexto de ser “una decisión política”?
Muchas preguntas sin respuestas surgen de esta polémica ley:
- 1º – ¿Por qué abundan definiciones jurídicas pero en ningún lugar figura un solo fundamento de por qué la restricción de 1500 metros?
- 2º- ¿Por qué no 200, 500….o 3000 metros de restricción?
- 3º- ¿Por qué da lo mismo si la aplicación es aérea o terrestre?
- 4º- ¿Por qué da lo mismo si el producto utilizado es Clase I o Clase IV en el grado de toxicidad?
- 5º- ¿Por qué se ignora abiertamente la capacidad del Ingeniero Agrónomo para determinar las condiciones de aplicación?
- 6º- ¿Por qué se omitió el documento Pautas de Aplicación de Agroquímicos en Áreas Periurbanas, publicado en 2015 por el Ministerio de Agricultura de la Nación, luego de una extensa revisión bibliográfica realizada por los máximos referentes a nivel nacional en el tema agroquímicos? Este trabajo recomienda 100 metros para aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas y justifica citando 15 documentos de lectura de base y 189 documentos de lectura complementaria a nivel mundial, en contraposición con los fundamentos de esta Ley que cita 0 (cero) documento científico.
- 7º- ¿Por qué se nombra específicamente al Glifosato, cuyo grado de toxicidad es Clase IV (Productos que normalmente no ofrecen peligro) y no los productos utilizados en el control de la mosca de los frutos, que son Clase II (Producto Moderadamente Peligroso)?
- 8º- ¿Por qué se hace alusión exclusivamente a aplicaciones en cultivos productivos? Acaso los productos utilizados en el control de la mosca de los frutos en las viviendas de los centros urbanos son inocuos y saludables?
- 9º- ¿Qué piensa hacer el Ministerio del Medio Ambiente con el Plan de Erradicación de Mosca de los Frutos? Cuando vayan a controlar la plaga a la casa de Doña Rosa, ¿van a evacuar a los vecinos 15 cuadras a la redonda, o piensan “curarlas de palabra”?
- 10º- ¿Por qué no se tomaron en cuenta los pequeños productores de los cinturones verdes en las áreas bajo riego? Los datos preliminares relevados permiten adelantar que, en la Provincia de San Luis, 100.000 hectáreas productivas dejarán de serlo. Y los efectos más grandes los sufrirán los pequeños productores hortícolas del corredor Quines-Candelaria, los pequeños productores de papa del área de riego de San Pablo, los pequeños productores de cítricos de Luján, los pequeños productores de olivo de Nogolí….y así podríamos seguir con todas las localidades de la provincia. Las hectáreas involucradas son, como mínimo 100.000, entre restricciones periurbanas y rurales. Seguramente las 50.000 de diferencia con lo informado por el Ministro se deben a una “decisión política” de interpretar la ley a medias.
- 11º- ¿Por qué no se anunció previamente a la aprobación de la ley, un plan de reconversión productiva? Será que el Ministerio piensa librar a su propia suerte a los pequeños productores afectados?
- 12º ¿Y las inversiones? Como le van a explicar a los inversores que instalaron equipos de riego con un proyecto de inversión concreto? Y la seguridad jurídica?
- 13º ¿Por qué el Ministerio no ha hecho nada respecto de la planificación territorial, para promover un ordenamiento en las urbanizaciones? El crecimiento desordenado de las poblaciones convierte al tema en un problema de nunca acabar.
- 14º -¿ Por qué se incorpora la figura del «denunciante rentado»? ¿No se pensó que esto va a llevar a conflictos entre vecinos, en muchos casos, por el interés económico? ¿Acaso el Estado, ya de movida asume que no va a poder controlar, entonces apela a la denuncia entre vecinos? ¿Como va a influir esto para mantener la paz social?
- 15º- ¿Por qué se ocultó el proyecto de ley?
- 16º- ¿Por qué el Ministro no consultó a la COPROSAVE para asesorar correctamente a quien debe tomar la “decisión política”?
- 17º- ¿Por qué se aprobó la Ley sin discutirla con todos los sectores involucrados?
Cuenca El Morro y Ley de Emergencia ambiental
El Ministro de Medio Ambiente dice que el problema de la Cuenca del Morro le ha costado al Estado Provincial 100 millones de pesos (sería bueno saber en que los ha gastado) y con eso quiere justificar la Ley (que paguen los productores), pero no cuenta que desde 2008 que se creó el Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja), la Provincia ha recibido 1400 millones de mano de los productores. Muchas calles asfaltadas con ese dinero, y en buena hora, como un aporte del campo para toda la comunidad urbana. Pero también podría destinar un poco en obras para al sector que tanto les aporta. Acá también hay información científica que se contrapone con los justificativos del Ministerio. El problema del Rio Nuevo no es solamente por la soja, por el glifosato o por el desmonte. A todos estos elementos hay que sumarle varias cosas más, como el cambio climático que provoca mayores precipitaciones. El problema de la Cuenca del Morro no es de ahora, viene desde hace mucho antes que la soja.
No hace falta apelar a “ transferencias de recursos desde Educación, Salud y Seguridad que fueron a esta emergencia ambiental”. Le damos una idea: de los 600 millones de pesos que va a recibir el año próximo del Fondo de la Soja, use una pequeña porción en el sector productivo. La ley del Fondo Federal Solidario, se lo permite. De paso, deja de preocupar a la gente, con un argumento inverosímil.
Impuestos
No es cierto que los productores de la cuenca del Morro pagan 4 $/Ha de impuesto inmobiliario. Y aunque los montos no son altos, el Ministro omite que el principal aporte del sector agropecuario es vía Ingresos Brutos. Un impuesto que otras provincias, como Córdoba, no gravan la producción agropecuaria (fruto del Pacto Fiscal Federal, firmado en 1993 y que la provincia de San Luis nunca cumplió). Este impuesto es el más distorsivo para la producción, porque independientemente que se obtengan ganancias o pérdidas, el estado siempre recauda. En este caso puntual, el reclamo se basa en las retenciones cruzadas, entre DOPRO, agentes de retención, agentes de percepción, retenciones bancarias, etc., multiplicando la alícuota del 1%, hasta 3 veces o más.
Respecto de los caminos rurales, es cierto que se ha mejorado el mantenimiento de las rutas provinciales de tierra, y eso es un logro destacable de Vialidad Provincial y del Ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich. Sin embargo, el Ministro Moleker, una vez más, omite decir que hay un Fondo de Mantenimiento de Caminos que pagamos los productores cada vez que tramitamos una guía. Y también omite decir que los caminos pertenecientes a la red vial de caminos vecinales los mantenemos los productores.
Para finalizar, una reflexión:
ES NECESARIO UN PACTO ENTRE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Pero para poder celebrarlo, tienen que sentarse a acordar las partes. No existen pactos unilaterales donde una parte pone todas las condiciones y la otra acepta.
Creíamos que la división entre el sector rural y el sector urbano, que tanto daño nos hizo a nivel nacional, era un tema superado.
La movilización de mañana martes tiene que ver con la falta de respuestas a tantas preguntas”.
