El juez que lleva la convocatoria de acreedores de Vicentin Fabián Lorenzini dictaminó este jueves la intervención de la agroexportadora en default por 90 días.
Según la resolución del magistrado, publicada este mediodía, al frente de la intervención quedará Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores.
La intervención no supone la salida del actual directorio, que continuarán en sus cargos, sino que por el plazo que dure todas las decisiones que tome tendrán que estar aprobadas por los interventores.
Mientras dura la intervención, el magistrado prohibió la modificación del capital accionario de Vicentin. No obstante, sí le permite dar curso a contratos de negocios. Precisamente, este jueves -en paralelo- Lorenzini aprobó acuerdos con Oleaginosa Moreno (Glencore) y con Renova (que también está controlada por Glencore).
La subintervención quedará para quien proponga el gobierno de Santa Fe, que a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) reclamó la intervención con el argumento de profundas irregularidades en la sociedad. Con todo, hasta que se designe alguien en el cargo, en la subintervención se designó a María Victoria Stratta, responsable de la IGPJ.
Según lo dispuesto por el juez, la intervención no tiene el sesgo que había pedido originalmente el gobierno nacional y que el propio Lorenzini rechazó, que incluía correr a los directores y tomar el control de la empresa mientras se avanzaba en la expropiación.
En este caso, con esta intervención lo que se busca es que no haya irregularidades en la conducción de los directores y que tampoco se puedan tomar decisiones de fondo, que podrían afectar a los acreedores, como venta de activos. Con todo, los activos jugosos ya se vendieron: como el frigorífico Friar. En cierta forma, es una intervención más de tipo administrativa que de conducción pensada para evitar que haya irregularidades en la firma mientras se lleva a cabo la reestructuración.
Si bien la conducción de Vicentin sigue estando en cabeza del flamante directorio, la resolución del juez los tomó por sorpresa. El propio presidente de la empresa, Omar Scarel, el miércoles había dicho en la Legislatura provincial que la intervención de la Provincia «estaba totalmente descartada». Y, a decir verdad, la resolución tampoco era ya esperada por las propias autoridades provinciales.
