Las preocupaciones del gigante europeo Bayer pasan por la caída de un 40% en el valor de sus acciones después de la compra de Monsanto. El detonante: los juicios que comenzaron a salir en contra a raíz de haberse comprobado los efectos cancerígenos del Roundup en dos casos. En Pergamino, las penurias que vive la familia de Sabrina Ortiz, cuyos cuatro integrantes contrajeron cáncer, más otras 44 personas que viven en un barrio y que padecen enfermedades oncológicas, dispararon un investigación y una acción de la Justicia. Informe.
Sabrina Ortiz, la mujer cuya denuncia expuso el lado más cruel del agronegocio, recibió en su casa a un equipo de la Televisión Pública de Alemania, interesado en su caso y en todo lo que de él pueda derivar, teniendo en cuenta que al mismo tiempo, en el World Conference Center de Bonn, la reunión anual de accionistas de Bayer deparaba una ola de quejas por subestimar los riesgos legales de la adquisición de Monsanto, fabricante de Roundup, el herbicida con glifosato por cuyos efectos nocivos enfrenta más de 13 mil demandas.
Días atrás, el jefe ejecutivo de la megacorporación Bayer, Werner Baumann, había reconocido que el gigante alemán de productos farmacéuticos y químicos para cultivos se enfrentaba a los desafíos de una serie de demandas por los efectos cancerígenos del Roundup. «Hemos perdido dos casos en tribunales inferiores. Es por eso que la empresa se ve masivamente afectada. Se manifiesta en el precio de nuestras acciones», dijo el CEO en un panel de discusión durante un evento en Colonia. Desde junio de 2018, cuando compró Monsanto, el valor bursátil de Bayer cayó un 40 por ciento.
En agosto del año pasado, un tribunal de California falló de manera unánime que Monsanto actuó con «malicia», y que sus herbicidas Roundup y Ranger Pro contribuyeron «sustancialmente» al desarrollo de un cáncer terminal en el jardinero Dewayne «Lee» Johnson. En una primera instancia, la Justicia ordenó a Monsanto pagar 287 millones de dólares como compensación. Sin embargo, luego de que la empresa apelara la sentencia, la cifra se redujo a 78 millones.
En marzo de este año, la Justicia norteamericana falló otra vez contra Monsanto, ordenando el pago de 80 millones de dólares a Edwin Hardeman, de 70 años, quien acusó a la multinacional por haberle provocado el cáncer que sufre tras haber aplicado durante años el polémico producto. Desde entonces, el valor de mercado de Bayer perdió unos 30 mil millones de euros.
En la junta general del viernes, que duró 13 horas y con el edificio rodeado por manifestantes ambientalistas, el 55% de los accionistas reprobó la tarea del directorio que comanda Baumann, abriendo una crisis de consecuencias imprevisibles en la multinacional, si bien la votación no es vinculante. El fondo de inversión estadounidense BlackRock, que tiene el 7,2% de los votos en la asamblea, está disconforme con las consecuencias de la compra de Monsanto y adelantó que iba a abstenerse o directamente votar en contra de las propuestas de la Junta Directiva.
El año pasado, en la operación más cara de su historia, Bayer compró la empresa estadounidense Monsanto por un monto cercano a los 63 mil millones de dólares. De esa manera, los «gigantes» DowDupont, ChemChina-Syngenta y Bayer controlan más del 60% del mercado de las semillas y la agroquímica y suministran la mayoría de los organismos genéticamente modificados. «Es una operación que conlleva un alto riesgo para la reputación, pero también enormes oportunidades de mercado», opinó en su momento el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. No se equivocó.
Las penurias de Sabrina Ortiz
Es septiembre de 2018 y una mujer va golpeando puerta por puerta del barrio Santa Julia, en la periferia de Pergamino. Lleva unas planillas con preguntas que ella misma confeccionó: nombre y apellido, dirección, si algún integrante de la familia tiene una enfermedad y, en caso afirmativo, si está vivo o muerto. Extrañamente, la mayoría responde y hasta estampan su firma. Confían en la mujer que, además de ser una vecina más, comparte el mismo sufrimiento. «Empecé hablando –recuerda ahora Alejandra Bianco, en la mesa de un bar– en el almacén, en la carnicería, y así me fui enterando de que Fulanito tenía cáncer, de que Zutanita se había muerto. Después de escuchar ocho o diez veces la misma respuesta, me alarmé. Entonces me senté en mi casa y dije: yo tengo que registrar lo que me dicen los vecinos, si no, no va a quedar ninguna prueba de lo que está pasando».
Lo que pasa en Pergamino se sabe. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia ratificó que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida está contaminada con 18 agroquímicos y no es apta para el consumo humano. Los peritos del máximo tribunal elaboraron su informe luego de que el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, ordenara suspender las fumigaciones en cuatro campos que rodean a esos tres barrios, a raíz de la denuncia de Sabrina Ortiz, la vecina que expuso los problemas de salud que ella y sus hijos sufren por la aplicación intensiva e ilegal de plaguicidas. Pero el problema es más grande y las víctimas, muchas más.
«Cuando me puse a contar los resultados –dice Alejandra–, dio que había 44 casos de enfermedades oncológicas. Había cáncer de estómago, de tiroides, leucemias y melanomas.
–¿En todo el barrio?
–No, sólo en algunas casas, serán dos manzanas completas en total. Con mi familia enferma no tenía mucho tiempo, además no es algo que pueda hacer una sola persona, es un relevamiento que le corresponde hacer a la autoridad sanitaria. Yo lo hice porque quiero saber por qué nos estamos muriendo.
Alejandra tiene 46 años, es docente, pero la mayor parte de su tiempo lo pasa en consultorios médicos. «Hace cinco años atrás –cuenta– mi hijo más grande sufrió una púrpura trombocitopénica; hace un año y medio, mi otro hijo se enfermó de cáncer de tiroides; y el año pasado le diagnosticaron a mi pareja cáncer de páncreas. Viviendo acá se me enfermó toda mi familia».
La mujer, que había empezado a naturalizar el drama, tuvo una revelación cuando el cirujano, antes de la operación a su marido, le dijo que no podía ser que hubiera tres casos bajo un mismo techo, que algo en su casa los estaba enfermando.
«Hasta ese momento no le había prestado atención. A los pocos días un compañero de trabajo me dijo lo mismo y que además me fijara en el agua que estaba tomando. Yo había dejado de consumir agua de la canilla hacía cinco años, cuando un médico del Hospital Italiano de La Plata, que atendía a uno de mis hijos, me dijo que el agua de Pergamino era muy mala. Me di cuenta de que no era sólo mala suerte».
Alejandra atribuye sus padecimientos y el de sus vecinos a un trasformador eléctrico que estuvo durante un tiempo muy cerca de su casa, con la consecuente presencia tóxica del PCB y, por supuesto, a las fumigaciones que soportaron durante buena parte de sus vidas. «Después de ver los resultados de las planillas, no podemos descartar ninguna hipótesis y menos la del agua. Estamos asustados, no sabemos cómo vamos a terminar, fundamentalmente los chicos del barrio. Acá llegan matrimonios con la expectativa de formar una familia, como me pasó a mí en su momento: cuando vine a vivir al barrio estaba embarazada de mi primer hijo y terminé así».
El martes pasado, el concejal Cristian Settembrini (Unidad Ciudadana) presentó en el Concejo Deliberante de Pergamino un proyecto de ordenanza para analizar el agua del barrio Santa Julia, estudiar los diferentes tipos de tumores que presentan sus vecinos y determinar cuáles se vinculan a la radiación, y cuáles están asociados al uso de plaguicidas.
«Es evidente que el alto índice de casos de cáncer no es normal, como también lo es que el Estado está ausente. Ya existe una ordenanza de registro de tumores aprobada pero que nunca se implementó. El municipio no hizo ningún estudio medioambiental en agua, tierra y aire, y encima el intendente (Javier Martínez, de Cambiemos) montó una campaña de desinformación con el caso de Villa Alicia al cargar las tintas sobre los productores denunciados, sin nombrar en ningún momento que el agua de Pergamino no es potable», remarca Settembrini.
Un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce había determinado la presencia de glifosato y otros plaguicidas en las muestras de agua tomadas de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida, y exhortó al municipio de Pergamino a que «de manera inmediata garantice la provisión de agua potable».
En dichos informes, el médico especialista en pediatría y neonatología, docente y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Medardo Ávila Vázquez, expresó que los pesticidas presentes en el agua «son veneno», y explicó que «de los 18 plaguicidas encontrados hay muchos que son altamente peligrosos, y deberían prohibirse su uso y aplicación».
Por su parte, Damián Marino, docente de la Facultad de La Plata e investigador del Conicet, remarcó que en toxicología existe el concepto de «cóctel» para hablar de «varios venenos juntos», destacando que «su efecto no es solamente la suma sino que probablemente se potencian, lo cual hace más peligrosa la contaminación del agua».
«Si Villa Alicia no se movía como lo hizo –reflexiona Noelia, una de las vecinas que colabora en la recopilación de datos con Alejandra–, muchas cuestiones habrían quedado tapadas. Lo de Santa Julia tiene que tomar estado público porque es muy grave. Las autoridades tienen que hacerse cargo de la situación y dejar de tapar todo pasando sobres por debajo de la mesa. Hoy todos saben lo que pasa en Villa Alicia, pero hasta que se supo, ¿cuántos pibes se murieron?». «
Fuente: Tiempo Argentino
