La organización ambientalista Greenpeace denunció públicamente las resoluciones del Gobierno de la provincia de Salta que permiten la prescindencia de audiencias públicas y estudios de evaluación de Impacto Ambiental para llevar adelante desmontes en el territorio, mediante una carta dirigida al gobernador Gustavo Sáenz.
La misiva, que lleva la firma del Licenciado Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, señaló la «profunda preocupación» frente a la resolución 123 del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y 0333 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con la primera se modificó el requerimiento de una audiencia pública como paso previo para la autorización de los trabajos de «cambio de suelo» y fue suplantado, según señaló la entidad, por «consulta a comunidades Criollas e Indígenas» que habitan el espacio.
En tanto que, con el comienzo de la pandemia, se dio la orden para la realización de audiencias con estos grupos originarios mediante medios digitales.
«Comunidades originarias y criollos carecen de las herramientas necesarias para participar, por lo que quedan excluidos de cualquier debate», expresó la organización.
Asimismo, indicó que con la resolución 0333 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable «se permitirá que algunos desmontes puedan resultar eximidos de la realización de audiencias públicas, si la autoridad de aplicación provincial considera que los impactos son bajos».
Frente a esta situación, Greenpeace determinó publicar la carta dirigida tanto al mandatario Sáenz como a Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
“Las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorios y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”, explicó.
En la epístola, se remarcó que «el desmonte es una de las principales causas de las inundaciones y afecta a comunidades cercanas a donde se desarrollan los proyectos agrarios».
«Existen claros precedentes de perjuicios ocasionados a comunidades, como lo ocurrido en Anta y Rivadavia en el año 2018. Más de 400 personas fueron evacuadas por inundaciones causadas por desmontes y quedaron en situación de calle, sin comida, ni techo», enfatizó.
