Un nuevo DNU con la firma del presidente Alberto Fernández cierra el capítulo del salvataje a la empresa Vicentin, cuyo final había anunciado este jueves el secretario de Justicia de Santa Fe, Guillermo Somaglia, al retirarse de la audiencia de «conciliación» fijada por el Juez de Reconquista, Fabian Lorenzini. El nuevo decreto dejará sin efecto la «intervención» y a partir de esto será el magistrado –que dejó en manos de los hermanos Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán la administración de la empresa– el encargado de llevar adelante un proceso que podría derivar en la quiebra de grupo, en la medida que no haya aportes de nuevos capitales ni se llegue a un acuerdo con los acreedores, que reclaman más de 800 millones de dólares, entre ellos el Banco Nación y bancos extranjeros, además de corredores, acopiadores, cooperativas y proveedores.
La decisión se dio luego de que el gobernador santafesino Omar Perotti diera por terminado su intento de poner al frente del grupo concursado un interventor nombrado por la provincia. Ese intento fue rechazado por el juez de Reconquista, que está a cargo del concurso de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
Tras haber retrocedido sobre la idea original, el Presidente explicó los motivos de la decisión a través de la red social Twitter. En primer lugar, indicó que «ell juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía».
«Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», afirmó Fernández. Y agregó: «El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo».
Respecto a lo que pensaba originalmente el Gobierno, el mandatario sostuvo: «Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo, pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído». Y añadió: «La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial.
«En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», sentenció el jefe de Estado.
Finalmente, concluyó: «He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».
