“El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar”, anunció este mediodía el vocero presidencial Manuel Adorni, poniendo fin a un interrogante que se había apoderado sobre el futuro de ese área, que históricamente perteneció a la Secretaría de Agricultura pero que en el anterior gobierno pasó a formar parte de la Jefatura de Gabinete y ahora, en el gobierno de Javier Milei, había sido transferido al Ministerio de Capital Humano.
El cierre es una pésima solución que fue consecuencia de otras malas decisiones. En vez de arreglar las cosas, el gobierno de Milei vuelve a la tentación de clausurar los debates del peor modo, eliminando el problema, sin tomarse el trabajo de corregir lo que está mal. Así las cosas, por la alta politización en que habían incurrido las gestiones anteriores con el área de Agricultura Familiar, decide directamente la eliminación de ese Instituto, en vez de jerarquizar su función. Como consecuencia, el Estado Argentino (que administra un país agropecuarios con mucha comunidad de pequeños minifundistas y campesinos) deja de tener una política específica para ese segmento.
Adorni, con la liviandad de los que ignoran las cosas (de hecho, atribuye la decisión al Ministerio de Economía, sin conocer que el INAFCSI dependía ahora de Capital Humano), culpó a los 900 empleados (en realidad tiene pomo más de mil) de no trabajar en sus funciones sino simplemente de ser militantes de la política, lo que puede ser cierto en muchos casos pero no en todos.
“Se van a reducir 900 puestos de No trabajo”, bravuconeó el vocero presidencial.
Luego criticó el despliegue del Instituto de Agricultura Familiar: “Tenía 160 delegaciones, 2 sedes, 1 de cada 3 empleados eran delegados, tenia 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una agencia de empleo político”, aseveró, en una conferencia de prensa donde abundaron las frases del tipo: “Ningún otro Gobierno se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política”; “El Estado está donde debe estar, al servicio de la gente”.
Pareciera ser que las comunidades de pequeños productores no son consideradas gente por este gobierno, pues en lo sucesivo no tendrían atención.
Cierto es que hay graves irregularidades cometidas por gobiernos anteriores, en especial por el de Cristina Kirchner, que terminan siendo utilizadas ahora como justificativos de esta decisión de Milei. En rigor, desde que la ex presidenta cedió el control casi absoluto de ese área de gobierno al Movimiento Evita de Emilio Pérsico, quien llegó a ser subsecretario de Agricultura Familiar de ese gobierno, todo se desmadró.
Agricultura Familiar nació en los años 90, cuando la desregulación económica hacia estragos en el tejido social agropecuario y desplazaba a muchísimos agricultores familiares. Primero fue como Programa Social Agropecuario (PSA) durante la gestión del secretario de entonces, Felipe Solá. Y luego como área específica dentro de Agricultura, Ganadería y Pesca, según fuera esta Secretaría o Ministerio.
La politización más fuerte y visible comenzó en el segundo periodo de Cristina Kirchner, cuando ingresó Pérsico como subsecretario y el gobierno, enfrentado con el agro tradicional nucleado en la Mesa de Enlace, impulsó una Ley de Reparación de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue sancionada y creaba entre otras cosas el Instituto que ahora quiere disolver Milei. Por eso habrá que ver la letra chica de este medida. Como en el caso de Télam, que también fue creada por una decisión del Congreso, el INAFCSI tiene también cobertura legislativa.
En el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, esta estructura se mantuvo pero se despidieron cientos de personas, se eliminaron algunas conquistas del sector como el Monotributo Social Agropecuario, y se demoró la reglamentación de la ley, de modo que nunca se conformó el Fondo de Reparación de1.500 millones de pesos (de ese entonces), que debía ser utilizado por esa subsecretaría para diversos planes en favor de la comunidad de campesinos.
La falta de herramientas provocó entonces que la mayoría de los recursos se destinaran al pago de salarios, muchas veces a militantes visibles de los movimientos sociales pero muchas otras para sostener técnicos capaces que en cada territorio se ocuparon de impulsar proyectos vinculados a los pequeños productores. Hubo de todo. Cosas buenas y cosas malas. Dilapidación de recursos pero también historias de agrónomos que dejaban la vida en pos de este tipo de proyectos.
En el gobierno de Alberto Fernández, y tras intensos coqueteos de Fabiola Yañez como embajadora de las mujeres rurales campesinas, se tomó la pero decisión de todas, que fue crear el Instituto de Agricultura Familiar y ponerlo al servicio del proyecto político del Movimiento Evita, un aliado incondicional del ex Presidente. Eso degeneró en que todo ese sector se removió de la Secretaría de Agricultura, y comenzara a depender de la Jefatura de Gabinete, donde Pérsico y el Chino Navarro acumulaban todo su poder de fuego político.
Allí quedó boyando, sin que nadie resolviera sobre lo importante, hasta que el kirchnerismo perdió la elección y debió dejar el poder. Recaló en el Ministerio de Capital Humano con la anuencia del secretario de Agricultura, Fernando Vilella, muy poco propenso a agarrar cualquier papa caliente. Y allí estaba, sin autoridades que se hicieran cargo, hasta que llegó esta decisión.
La pero decisión de todas: esconder la basura bajo la alfombra para que no se vea, despedir a justos por pecadores, y no resolver nada de fondo. Dejar a la Agricultura sin una herramienta para hacer política social agropecuaria, en serio, como se debe.
Bichos de Campo.
