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Denuncian conflicto de intereses en la conducción nacional de INTA

Construirían un edificio de 12 mil metros cuadrados en INTA Castelar

La Oficina Antiocorrupción, conducida por la conocida dirigente Laura Alonso, y la Procuración de Investigaciones Administrativas de la Nación, que interinamente está a cargo de Eduardo Casal, recibieron el 3 de diciembre una denuncia contra cuatro integrantes de la conducción nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En un archivo con formato PDF enviado a la redacción de El Semiárido, de una longitud de cinco páginas, la acusación concreta es contra el actual presidente  del Consejo Directivo de INTA, Juan Balbín; el vicepresidente Mariano Bosch; el vocal Alejandro Conci y el ex vocal y actual asesor rentado Horacio Alippe.

A los diferentes «conflictos de intereses» que tienen como protagonistas a varios integrantes del gobierno nacional -entre ellos el propio Presidente- por considerar que están de «los dos lados del mostrador (privado y público)», ahora se suma otro más, esta vez en el INTA.

La denuncia expresa que al tiempo que los funcionarios son parte del Consejo Directivo de INTA, también integran la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agropecuaria (AACREA). «En tal calidad, los referidos funcionarios administran fraudulentamente para que el INTA pierda su cartera de proyectos de investigación y extensión de manera que éstos sean cedidos, apropiados o absorbidos por AACREA, favoreciendo a ésta última entidad».

Quienes presentaron la denuncia ente los organismos del Estado manifiestan que se elige la «vía anónima porque esa oficina tiene facultades para recibirlas y porque además el clima de terror y miedo reinante en la institución impide adoptar otro camino».

La síntesis de la denuncia dice textualmente:

«Las personas enunciadas, con el objeto de perjudicar al INTA favoreciendo a la entidad de la que todos ellos son miembros (AACREA1) llevan adelante las siguientes acciones:

– Inducen el desfinanciamiento de INTA. Contando para el año 2019 con recursos autárquicos de fuente propia (art 28 de la Ley 26.446) y que ascienden a 13.000 millones de pesos, confeccionaron un presupuesto de gastos por la mitad de esa cifra que no alcanza siquiera para la operatividad mínima de la institución, con el fin de llevarla a su paralización, quebranto y posterior liquidación.

– Persiguen a los técnicos de la institución por sus investigaciones científicas y opiniones técnicas, hostigándolos con permanentes auditorias y sumarios administrativos con el fin de silenciarlos. Sobre todo cuando las conclusiones de las investigaciones y actividades son críticas de las prácticas productivas que emplean los asociados de AACREA o están dirigidas a productores de tamaño más pequeño.

– Operan la enajenación de valiosas tierras que posee el INTA en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) en Castelar que es el núcleo de la investigación del INTA (representa casi la mitad de los investigadores) y dónde están sus principales laboratorios. Buscan así que el INTA se quede sin investigación y todos esos servicios puedan ser apropiados en un futuro por AACREA.»

Los denunciantes solicitan al procurador que proceda de inmediato a «preservar la prueba» porque «el grado de discrecionalidad con que se mueve esta organización, puede frustrar el proceso de recolección de evidencias».

Además reclaman que se haga solicitudes a INTA y a AACREA.

A INTA piden que se solicite:

  1. Copia de los decretos de designación de los Señores Juan Balbin como Presidente, Mariano Bosch como Vicepresidente, Alejandro Conci como vocal, y Horacio Alippe como vocal del Consejo Directivo del INTA.
  2. Proyección presupuestaria realizada por la Dirección de Administración de los recursos que corresponderían a la institución por aplicación de la alícuota del 0,45% del CIF según lo ordena la ley Nº 26.546.
  3. Copia de la propuesta de presupuesto elevada por INTA a la Oficina Nacional de Presupuesto.
  4. Copia de la Resolución 1037 del 2017 del Consejo Directivo por la que sacan la gerencia de sumarios del ámbito de la Dirección Nacional, la ponen bajo la órbita del Consejo Directivo y crean una comisión especial de juzgamiento.
  5. Informe de los sumarios abiertos y finalizados a partir de la aplicación de la Resolución 1037/2017.
  6. Informe de la disminución de la cartera de proyectos de la institución y de grupos Cambio Rural.
  7. Informe de la paralización de obras de infraestructura, situación del parque automotor, laboratorios, bienes y equipos.
  8. Informe del proyecto de instalación Distrito de Innovación Agroindustrial en el CNIA con su grado de avance.

A AACREA piden que se solicite:

  1. Copia de constancia de membrecía de Juan Balbín, Mariano Bosch, Alejandro Conci, Elbio Lauciríca y Horacio Alippe.

En la denuncia fundamentan en forma extensa lo que consideran es el «desarrollo y la mecánica de los hechos».

Desde la redacción de El Semiárido expresamos -al igual que otros colegas que hicieron pública la denuncia- que las autoridades de INTA pueden disponer de espacio para argumentar en contrario a la denuncia formulada.

Fuente: Denuncia presentada ante la OA y la Procuración.