APINTA, el gremio más numeroso dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó en las últimas horas ante el Consejo Directivo de ese organismo una impugnación en contra de el concurso para director nacional, un puesto que actualmente ocupa Héctor Espina y que debería ser renovado en diciembre próximo. El sindicato también cuestionó por las vías administrativas los concursos para seis centros regionales y de investigación, ya que en las bases se limita la posibilidad de acceso al cargo a profesionales que contaran con una maestría o un posgrado.
“La impugnación alcanza a 7 de los 22 puestos de decisión clave en la estructura del INTA, a los que se accede mediante llamados a convocatoria abierta y pública”, informó la Asociación del Personal del INTA en un comunicado. Ahora, el Consejo Directivo de la institución deberá decidir si hace lugar a esas impugnaciones. De no hacerlo, el gremio queda habilitado para recurrir a la justicia.
Según Mario Romero, el secretario general de APINTA, esos siete concursos no serían válidos porque incluyen requerimientos contrarios a los establecidos por el Decreto Ley 21.680, de creación del INTA, que rige su funcionamiento desde 1956. “La principal incoherencia corresponde a requerimientos de estudios formales necesarios para concursar estos cargos de conducción que exceden a los establecidos por ley”, se argumentó.
¿Cómo se explica esto? Pues porque “los concursos impugnados explicitan como condición excluyente que los candidatos deben contar con maestrías y títulos de posgrado”. No es lo que exige la normativa, donde se estableció que “para el caso del máximo puesto concursado, el de Director Nacional, la ley establece que basta contar con un título de grado de ingeniero agrónomo o médico veterinario”.
“Al tratarse de convocatorias abiertas y públicas, el requerimiento lesiona la igualdad de oportunidades de la ciudadanía para acceder a estos cargos”, argumentó el gremio del Instituto, que explicó que si el requisito de contar con una maestría fuera “de carácter preferente” y no “una condición necesaria”, no hubiera tenido sentido su impugnación.
“Así, incorporando un requerimiento que no está en la ley, se excluye de estos concursos a gran parte de la ciudadanía, por lo que APINTA solicita expresamente dejar sin efecto las convocatorias observadas y realizar nuevas convocatorias ajustadas a derecho”, explayó el comunicado.
Además del concurso para reemplazar o eventualmente elegir a Espina, los concursos corresponden a los de directores de los centros de investigación en Recursos Naturales y Agroindustria, y los de los centros regionales Chaco-Formosa, Patagonia Sur, Mendoza-San Juan y Santa Fe.
Para el gremio, “los errores detectados son resultado de la discrecionalidad con la se viene manejando el actual Consejo Directivo”. Allí hay un presidente y un vice designados por el Ejecutivo, pero comparten sus decisiones con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. El actual presidente es Juan Balbín, un productor que proviene de las filas de AACREA.
El concurso en cuestión es para reemplazar a Espina, un técnico del INTA asociado con la anterior gestión. Los interesados deben presentarse entre el 15 de julio y el 2 de agosto y, como requisitos, en efecto se les reclamaba tener título universitario de Ingeniero Agrónomo o Médico Veterinario, tener experiencia en cargos semejantes, ya sea en el ámbito público o privado, y haber cursado una maestría. Esa es la piedra de la discordia.
Espina es oriundo de San Julián, provincia de Santa Cruz, y es ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ocupó diferentes cargos públicos, pero en su CV, al menos en el que se publica en la página del INTA, no figura que haya realizado un curso de posgrado o una maestría. Ergo, no podría ni concursar.
