Inicio Agricultura Agroquímicos: buscan frenar los casos de deriva sobre los campos hortícolas

Agroquímicos: buscan frenar los casos de deriva sobre los campos hortícolas

Presentamos una muestra sobre lo que se puede hacer en torno de la aplicación de productos agroquímicos que afectan al entorno. Un debate entre las partes para tratar de encontrar una solución al tema tuvo lugar durante una audiencia de conciliación en Río Primero, provincia de Córdoba. Puede servir como ejemplo para San Luis, dado que acá la ley de distancias mínimas es fuente de fuertes controversias.

 

En las zonas de producción periurbana, donde conviven horticultores y productores extensivos, la deriva en la aplicación de productos agroquímicos es un problema que afecta seriamente la convivencia y necesita, en muchos casos, la intervención policial. El cinturón verde cordobés es un ejemplo de esto: en muchas oportunidades los productores dicen encontrar sus lotes en malas condiciones o directamente “quemados” por el efecto que generan los agroquímicos aplicados para cultivos como maíz, trigo o soja en campos vecinos.

Por esta causa es que se realizó en Río Primero una Jornada de Conciliación en Aplicaciones de Agroquímicos con la organización de la municipalidad local, la agencia regional de INTA Río Primero y la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba (Aproduco). El encuentro tuvo como objetivo sentar las bases para un trabajo coordinado de fiscalización y control por parte de los actores locales, respetando el marco de la Ley Provincial de Agroquímicos (N° 9164), vigente desde 2004. Se abordaron también los aspectos legales para el tratamiento de la problemática.

Entre los expositores estuvo el Ing. Agrónomo Hernán Cottura, quien trabaja en la Asociación de Productores y celebró la organización de un evento de estas características ya que atiende un reclamo específico de los horticultores. A su vez resaltó la necesidad de prevenir y “dejar de llegar tarde” a las denuncias que realizan los quinteros y consideró necesario “elaborar mecanismos de acción eficientes para que el productor pueda resolver legalmente el problema, sin la necesidad de entrar en conflicto con otros agricultores”.

En el mismo sentido se expresó Juan Perlo, presidente de Aproduco, al afirmar que “la policía rural necesita un protocolo autorizado por la Jefatura y el ente que maneja la fiscalización, que es el ministerio de Agricultura provincial”. Para Perlo las patrullas rurales deben tener un marco de acción legal que les permita intervenir ante la posibilidad de una aplicación mal realizada o fuera de los requerimientos de la ley.

De esa manera, la policía podría intervenir durante una aplicación para verificar que se cumplan los tres puntos centrales que exige la Ley Provincial de Agroquímicos: que la máquina esté correctamente registrada, que quien aplique posea el carnet correspondiente y que el trabajo se realice bajo receta fitosanitaria. En caso de existir irregularidades, la fuerza policial podría rápidamente anoticiar a los entes de Control y Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería para comenzar con las acciones legales y sancionatorias correspondientes.

Pero además, desde Aproduco solicitan que las aplicaciones de agroquímicos en grandes extensiones se realicen considerando la existencia de lotes productivos vecinos, lo que significa no sólo respetar dosis y formas de aplicación, sino también las condiciones climáticas en las cuales se las realiza e incluso el tipo de producto utilizado, ya que para aplicar en cercanías de zonas urbanas o quintas se requieren soluciones de baja o nula toxicidad, que suelen resultar más costosas.

Por todos estos puntos Perlo consideró que es necesario un trabajo en armonía y diálogo permanente entre vecinos. “Estamos para prevenir y para trabajar con un poco más de ética”, explicitó.  “Apuntamos a que el productor hortícola no sea dañado ni se sienta ninguneado, para que no se vaya de las cercanías de las ciudades porque necesitamos alimentos de cercanía”, agregó.

Un productor hortícola de Río Primero, presente en la sala, también se expresó al respecto: “Necesitamos que por lo menos nos avisen cuándo y qué productos van a aplicar, porque nosotros llevamos productos frescos a los mercados y si hay una deriva que llega a mi verdura puedo estar perjudicando a los consumidores. Además, en los controles a la mercadería el perjudicado soy yo”.

Para finalizar su exposición, el titular de la Asociación de Productores Hortícolas llamó a las instituciones del agro extensivo a “capacitar también a sus productores asociados, como nosotros capacitamos a los nuestros en la aplicación con mochila”.

Proteger al pequeño productor

Otro de los expositores de la jornada fue Luis Lanfranconi, Ingeniero agrónomo del INTA Río Primero, quien reflexionó sobre el problema concreto de la convivencia productiva en zonas agrícolas y solicitó a los presentes un trabajo a conciencia y en conjunto. “A veces estar en el marco de la ley no alcanza, es necesaria la conciliación”, dijo el ingeniero, para quien no sólo es necesario cumplir con las exigencias de la Ley Provincial de Agroquímicos, sino también considerar los aspectos climáticos como el viento existente y los elementos utilizados para la tarea.

“Necesitamos proteger al pequeño productor y pensar que si vamos a aplicar cerca de quintas hortícolas no podemos trabajar con pastillas cono hueco y hacer gota chica”, dijo Lanfranconi respecto a la posibilidad de que el agroquímicos se expanda más allá de donde el productor tiene intención de aplicar, generando daños.

En este sentido, la propuesta del INTA Río Primero es que los profesionales del Colegio de Ingenieros Agrónomos (CIAPC) tengan a disposición un mapa para conocer de manera precisa la zona de influencia antes de realizar la receta. De esta manera, cada ingeniero indicará al productor las precauciones y sugerencias técnicas a tener en cuenta para trabajar en esa área de aplicación.

Precisamente la Ingeniera agrónoma Mónica Fraresso, quien estuvo en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, recordó que desde la institución actualmente están capacitándose en esta línea de trabajo que implica ir al lote para conocer el área en la que se aplicarán los productos de la receta fitosanitaria, donde podrá comprobarse la existencia de viviendas o escuelas rurales en los alrededores, entre otras cosas.

Fuente: InterNos Revista