La resolución del juez Zabale para que Guardati Torti empiece a operar de nuevo, provocó enojos en varios ámbitos. De nuevo, desde la justicia provincial producen fallos que se solapan con la Justicia Federal. Empresas como ésta o como Vicentin parecen tener una Justicia a la carta.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) apelará la medida cautelar con la que el juez comercial Ezequiel Zabale le levantó la suspensión para operar en Bolsa a la defaulteada agrofinanciera Guardati Torti (GYT), trascendió desde el organismo.
Pero eso no es todo, en el organismo de control de los mercados se baraja que se van a agotar todas las instancias administrativas que controla, para evitar que por una resolución judicial la empresa local -que supo ser top ten nacional y ahora tiene a todo su directorio imputado por haber manoteado el dinero de las cuentas de sus clientes- vuelva como si nada a operar en el mercado de capitales.
Lo único que hizo la cautelar es levantar la suspensión de GyT para operar, pero, y lo dice expresamente la resolución del juez, no suple el resto de los requisitos que le hacen falta para actuar en el mercado de capitales, trascendió desde CNV.
En efecto, al pedir el juez que la dejen volver a operar -con el argumento de que así recuperará giro comercial para saldar su pasivo impago de $350 millones- GYT propuso un «nuevo método de trabajo». ¿Cuál? Que el juez le permita dejar de ser un agente de Bolsa integral (Alyc), como era hasta ahora, para pasar a ser sólo un Agente de Negociación bursátil (AN) que opera el dinero de sus clientes, pero deja en manos de otra empresa (Rosario Valores, propiedad del Mercado Argentino de Valores y la Bolsa de Rosario) la tenencia del dinero (haciendo cobros y pagos) y despejando así cualquier temor de los ahorristas.
Para hacer lugar a la figura que el juez quiere introducir (una especie de reconversión como Agente de Negociación, que no maneja plata), también tienen que pedir autorización al organismo y cumplir importantes requisitos. Después de eso la CNV evaluará si autoriza o no», fue el mensaje que trascendió desde el organismo de control de los mercados.
Cuando a principios de 2020 se empezaron a acumular denuncias penales de clientes de GYT a los que les habían desaparecido los saldos líquidos de las cuentas comitentes, la CNV -que había suspendido a la empresa tras su default de febrero de 2020. también sumó su denuncia penal. Y cuando el juez Zabale la consultó sobre el pedido de volver a operar, el ente lo rechazó de manera terminante a considerarla «inadmisible».
Así y todo, el magistrado le levantó con la cautelar la suspensión de la Sindicatura del concurso que resaltó «el carácter provisorio y transitorio de las suspensiones establecidas tanto por CNV como por los distintos mercados permite la posibilidad de subsanar la misma», y que agregó que «la persistencia de las suspensiones supone privar a la sociedad de una de sus dos fuentes de actividad e ingresos principales. Quedando latente de esa forma la frustración del concurso».
No pasó desapercibido para quienes tuvieron acceso a la resolución que en la cautelar el juez no haya hecho ni una sola mención de que todo el directorio, con miembros de las familitas Torti y Guardati, esté imputado por estafa. O que tengan casi 50 denuncias penales. “Es como si lo actuado por la Justicia penal no existieran para él”, fue el comentario escuchado en Tribunales por la falta de mención en la cautelar las razones que llevaron a la CNV a suspender y luego acusar a GYT, que -vale aclarar- sigue sin devolver el dinero a sus clientes.
Y no sólo en CNV cayó mal la medida cautelar del juez Zabale. Según adelantaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Sebastián Narvaja ahora se dispone a ampliar las imputaciones contra miembros del directorio que encabezan Juan Carlos Guardati y Ángel Torti. Además, de ya estar imputados por estafa y el delito de confección, aprobación y publicación de balances falsos, el fiscal sumará en los próximos días una nueva acusación que complicaría aún más a algunos directores.
Y hay más novedades del frente judicial. Fuentes allegadas a la causa manifestaron su asombro por la cautelar al coincidir en que el juez Zabale se extralimitó en su competencia atento a que el levantamiento de la suspensión preventiva dictada por la CNV le correspondía a la propia entidad, o en su defecto a la Justicia federal, tal como lo establece la ley 26.831 de mercados de capitales.
Esto es: más allá de que se pueda interpretar la resolución como un daño a la autonomía de la CNV como órgano de contralor de los mercados de capitales (ya que le indica quién puede actuar como agente dentro del mercado), la cautelar levanta polémica judicial porque un juez comercial de la provincia se incumbe en un asunto que compete a un órgano federal, por lo que tendría que haber sido la Justicia federal la que disponga una cautelar.
Fuente: Mariano Galíndez – Rosario 3
